Detalles del documento con el que Paraguay podría pedir una reparación histórica a Argentina, Brasil y Uruguay

Es parte de un informe elaborado por el Parlasur para investigar los crímenes de guerra de la Triple de Alianza contra Paraguay en el siglo XIX.

Por José Ignacio Sánchez Durán

01 de marzo 2024, 05:50hs

El 1° de marzo se conmemora en Paraguay el Día Nacional de los Héroes para recordar a los últimos defensores de su territorio y la muerte del Mariscal Francisco Solano López, quien falleció durante un enfrentamiento con las tropas del mariscal General José Antônio Correia da Câmara a orillas del arroyo Aquidabán Niguí en Cerro-Corá en 1870. Con la muerte del líder paraguayo, se cerró uno de los capítulos más trágicos y sanguinarios en la historia sudamericana: la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1864-1870), un acontecimiento bélico que lo enfrentó con la alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay.

El conflicto tuvo importantes consecuencias identitarias, territoriales, políticas, económicas y, sobre todo, demográficas y humanitarias. Finalizada la guerra, todas las naciones contrajeron y aumentaron exponencialmente sus deudas externas. Paraguay perdió gran parte de su territorio y el país fue ocupado durante varios años. Sin embargo, el aspecto más relevante de la guerra fue la enorme cantidad de pérdidas humanas, relacionadas directa o indirectamente con el conflicto. A inicios de 1866, con el avance aliado sobre el territorio guaraní, se produjeron las batallas más monumentales con una elevada tasa mortandad, nuevas formas de violencia y una matanza inédita sobre la población civil.

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Aunque el 1° de marzo es un día de conmemoración, es también una fecha que concuerda con el final de la gran conflagración, una guerra que los vencedores no quieren recordar y que los vencidos no pueden olvidar. Por eso, a más de un siglo y medio de los enfrentamientos, las naciones sudamericanas vuelven a afrontar el peso de su historia.

Los reclamos por una reparación histórica

Como ecos de un pasado irresuelto, estos reclamos de reparación histórica han encontrado un espacio en el seno del Parlasur. En diciembre de 2022, la subcomisión de Verdad y Justicia presentó el “Relatorio sobre crímenes de Guerra de la Triple Alianza”, un documento que reúne las conclusiones de historiadores y de juristas recabadas durante las distintas audiencias públicas realizadas en los países que pelearon a mediados del siglo XIX y que fundaron el MERCOSUR a finales del siglo XX.

Así, el Parlasur constituyó un cuerpo parlamentario para atender este reclamo histórico de la nación paraguaya, buscando mecanismos de participación ciudadana para debatir sobre cuestiones de Derechos Humanos y para rever la propia historia común que ha marcado y continúa produciendo tensiones regionales entre las naciones sudamericanas.

Entre abril y diciembre de 2022, la subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur investigó y organizó 15 audiencias públicas con historiadores y especialistas desarrolladas en Paraguay, Uruguay y Argentina sobre los sucesos de la Guerra de la Triple Alianza.

Pero el contexto político y social no permitió que las audencias continúen. Tal como explicó quien fuera presidente de la subcomisión hasta julio de 2023, el legislador Ricardo Canese, una de las audiencias previstas en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) en Foz de Iguazú -Brasil- no pudo llevarse a cabo por el clima de violencia política.

Violencia que no sólo se expresó con amenazas hacia los expositores de la audiencia, sino también por el contexto en el cual se desarrollaron las campañas electores de 2022 en Brasil, marcada por el asesinato, en julio de ese mismo año, del militante del PT y excandidato a vicealcalde de Foz de Iguazu, Marcelo Arruda. En consecuencia, esta situación política determinó la poca participación de la delegación brasileña, abocada a los procesos electorales de su país.

Resultados del informe y el detalle de las denuncias

El informe, que fue el resultado de la participación ciudadana y legislativa, describe la responsabilidad de los mandatarios de la Triple Alianza, Don Pedro II, Venancio Flores y Bartolomé Mitre y los comandantes de los ejércitos aliados que sucedieron a Mitre, el Marqués de Caxias y el Conde D’Eu, entre otros, en una serie de crímenes de guerra cometidos durante el enfrentamiento con los paraguayos.

El documento denuncia, al menos, 20 masivos y sistemáticos crímenes de guerra y lesa humanidad, destacándose el asesinato de mujeres, niños y prisioneros de guerra; las torturas masivas; los abusos sexuales sobre la población femenina; los secuestros extorsivos de infantes; los secuestros para esclavitud y servidumbre; los incendios de hospitales con matanza de enfermos y heridos, entre otros aberrantes crímenes.

Se destacan, entre estos episodios, los ocurridos durante la campaña de las Cordilleras (1869-1870), etapa donde se produjeron las matanzas más crueles sobre la población paraguaya, como los sucesos de Piribebuy y Acosta Nú, ocurridos el 10 y 16 de agosto de 1869, respectivamente, donde no se perdonó ni los heridos, ni a los sobrevivientes, ni siquiera a los niños que osaron enfrentar al ejército invasor.

Varios testimonios de la época relataron la crueldad y el horror de aquellos hechos; entre ellos, los relatos del oficial argentino José Ignacio Garmendia, del General estadounidense Martin Mac Mahon o del soldado brasileño Dionisio Cerqueira, este último citado en una nota de El Litoral por Rogelio Alaniz, cuyas memorias describen las dudas y vacilaciones de algunos combatientes reticentes a participar de las matanzas de infantes en Acosta Ñu. Estos acontecimientos históricos han calado tan profundo en la memoria del pueblo paraguayo que, actualmente, Paraguay rinde homenaje a los “niños mártires de Acosta Ñú”, celebrando en aquel país el Día del Niño.

En cuanto al contenido, el informe puede articularse alrededor de 7 puntos clave: la ocupación militar de Paraguay, la imposición de gobiernos títeres, el cambio del modelo económico y la extracción de las riquezas, el desmembramiento del 30% del territorio paraguayo, la pesada deuda de la guerra, el endeudamiento bajo la ocupación militar y la privatización de las tierras públicas del Paraguay.

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Respecto a los documentos, leyes o tratados que están bajo la lupa, el Tratado de la Triple Alianza ocupa un lugar relevante. Este acuerdo, firmado entre Brasil, Argentina y Uruguay en Buenos Aires el 1 de mayo de 1865, cuyo carácter secreto se estableció en su artículo 18 (“este tratado se conservará secreto hasta que se consiga el fin principal de la alianza”), instituía no sólo las reglas de cooperación internacional entre los ejércitos, sino también las imposiciones hacia el país derrotado.

En cuanto al trámite parlamentario, el documento ha sido aprobado por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos y, actualmente, el Relatorio aguarda su tratamiento en el plenario para ser presentado y discutido en la sesión legislativa. Según las fuentes consultadas, aunque habría un principio de acuerdo sobre los lineamientos generales, una serie de circunstancias han dilatado su tratamiento como el recambio parlamentario, la elección de nuevas autoridades en las comisiones y una solicitud interpuesta por Brasil que pide la realización de nuevas audiencias públicas con el propósito de discutir este documento con la sociedad civil.

Históricamente, los procesos sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como los de exterminio, o genocidio en términos modernos, fueron implementados recién a partir de los Juicios de Nuremberg (1945 al 1946), después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque hubo muchos procesos judiciales en los cuales se condenó a los culpables, no siempre fue posible llevar a los autores de hechos aberrantes al banquillo de los acusados.

El principal problema fue el tiempo. Para que los hechos no sean considerados prescriptos, es decir, no justiciables por el paso del tiempo, estos crímenes deben ser considerados de lesa humanidad. Sin embargo, este carácter imprescriptible ha implicado procesos con ausencia de acusados ante los tribunales, imposibilitando una acción penal concreta sobre el culpable. Esta clase de procesos, conocidos como los “juicios por la verdad”, pretenden esclarecer las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar en que se cometió crímenes de lesa humanidad, buscando determinar responsabilidades y medidas de reparación material y simbólica.

En 2022, por ejemplo, la justicia argentina promovió una medida de reparación histórica por la matanza de Napalpí, ocurrida en 1924 en el territorio de Chaco contra las comunidades indígenas y criollas y en 2015, el estado español reconoció una injusticia histórica ocurrida en el siglo XV, aprobando una ley que permite recobrar la nacionalidad española a los sefardíes descendientes de los judíos expulsados.

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Tomando estos y otros antecedentes, el caso paraguayo busca su propio camino con una declaración conjunta dentro del Parlasur. Para Canese, así como la Unión Europea tiene un relato común sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el genocidio nazi; la búsqueda de un consenso es fundamental si se quiere una integración sudamericana que se base en principios similares y, en tal sentido, el máximo órgano de representación ciudadana del Mercosur, el Parlasur, es uno de los ámbitos más adecuados para ello, porque sus parlamentarios representan a la ciudadanía y a los pueblos de los estados miembros.

Aunque las resoluciones del Parlasur no son vinculantes, un consenso, obtenido por mayoría o unanimidad, le daría al genocidio paraguayo un reconocimiento internacional significativo con enormes consecuencias morales, históricas y políticas. Mientras tanto, Paraguay se reserva sus facultades como estado soberano para iniciar eventuales reclamos ante tribunales u organismos internacionales.

A más de un siglo y medio de la guerra, el Relatorio se inscribe en una larga lucha del pueblo paraguayo para hacer oír su reclamo y obtener el reconocimiento de la comunidad internacional. Para ello, Paraguay deberá sortear no sólo las diferentes posiciones políticas dentro del Parlasur, sino también los modelos historiográficos y las normativas vigentes y antiguas que han ordenado la vida institucional en la región.

Fuente: tn.com.ar