119 imputados por certificados médicos falsos: la defensa quiere sacar la causa de Viedma

La investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales y cobrar el sueldo completo ya tiene 119 personas imputadas. Pero este martes, en la primera audiencia, la defensa abrió un frente inesperado: pidió que la causa se mude lejos de Viedma.

La discusión se dio en la primera de las jornadas en las que la Fiscalía pretendía formular cargos a una porción de los acusados. La Defensora Pública María Paz Alvarez planteó la incompetencia territorial de los tribunales de Viedma, y su postura fue respaldada por representantes de la defensa particular que participaron de manera virtual desde General Roca.

El argumento de la defensa: los hechos ocurrieron en el Alto Valle

Alvarez sostuvo que los hechos investigados no ocurrieron en Viedma ni en la Primera Circunscripción Judicial. Según explicó, lo que se atribuye a cada imputado es haber presentado un certificado médico ante la repartición correspondiente para justificar inasistencias y percibir la totalidad del salario.

La defensora indicó que los certificados se retiraban de un domicilio de General Roca que fue allanado durante la investigación y que, aunque no en todos los casos se precisó el lugar de presentación, su utilización se produjo en localidades del Alto Valle, principalmente General Roca y Cipolletti.

Para la defensa, tanto el presunto uso de documentos falsos como la defraudación se habrían consumado en esa región. Allí estaban el consultorio, la médica y la persona que habría gestionado los certificados, además de producirse la acreditación de los haberes. La investigación, los allanamientos, la obtención de evidencia y la ubicación de testigos también apuntan al Alto Valle, según su planteo.

Alvarez agregó que la fe pública no tiene arraigo territorial y que, para determinar la competencia respecto de la defraudación, no resulta decisiva la ubicación de la sede administrativa. Invocó además criterios de economía procesal que ya fueron objeto de precedente por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensora advirtió que mantener la investigación en Viedma afectaría las garantías del juez natural y de defensa en juicio, por la distancia de más de 500 kilómetros y la imposibilidad de los imputados de acceder a la Defensa Pública de la circunscripción de origen. Los dos abogados particulares que intervinieron por Zoom desde General Roca adhirieron a esos argumentos.

La respuesta de la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal, integrado por Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, sostuvo que la competencia de la magistratura se extiende a toda la provincia, aunque sus integrantes desarrollen prioritariamente sus funciones en la circunscripción para la que fueron designados. Destacó que más de 70 personas imputadas ya cuentan con defensa oficial de Viedma y que un cambio de competencia requeriría nuevas designaciones.

La Fiscalía señaló también que el perjuicio económico atribuido a los hechos recae sobre la administración provincial, cuya sede está en Viedma. Agregó que los investigados tienen domicilios en distintas localidades y que, por sus funciones, pueden ser trasladados, por lo que su residencia no determina la competencia territorial.

Respecto de la evidencia, explicó que su procesamiento se desarrolló principalmente en Viedma, donde intervinieron la OITEL, el personal encargado de las pericias informáticas y profesionales contables del Ministerio Público. Indicó que únicamente resta una pericia caligráfica, que también puede realizarse en esta ciudad. La acusación negó que exista una afectación al derecho de defensa y pidió evitar demoras procesales en una investigación que se encuentra avanzada.

La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, adhirió a esa postura. Remarcó que la presunta defraudación estaba dirigida contra el Estado provincial, con sede en Viedma, y que declarar la incompetencia afectaría la economía procesal.

Qué sigue

El juez de Garantías Adrián Dvorzak aclaró que analizará individualmente las excepciones procesales y que resolverá sobre las mismas una vez concluidas las audiencias, en principio el próximo 9 de octubre, tras escuchar a la totalidad de las partes involucradas en las causas que comprenden a las 119 personas imputadas.

Las audiencias continuarán los días 24, 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre. Una vez que las resoluciones queden firmes y se determine quién sea el juez natural de la causa, podrán comenzar a efectivizarse las formulaciones de cargos.