12 jubilados denunciaron a un intendente de Santa Cruz: qué artículo del convenio desató la acusación
Doce jubilados municipales de Pico Truncado denunciaron penalmente al intendente Pablo Anabalón por el presunto incumplimiento de un artículo del convenio que alcanza a sus familiares. La presentación ya está en manos de la Justicia y el reclamo tiene antecedentes que se remontan a 2019.
Doce jubilados y jubiladas municipales de Pico Truncado denunciaron penalmente al intendente Pablo Anabalón por el presunto incumplimiento del artículo 139 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). La presentación, patrocinada por la abogada Inés Kriss, fue recibida el jueves 19 de noviembre por el fiscal Matías Parajón en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de esa localidad santacruceña, según informó HD Pico Truncado.
Los denunciantes imputan al jefe comunal los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación, por sí sola, no acredita la existencia de un delito: deberá ser evaluada por la Justicia.
Qué dice el artículo 139 y por qué lo denunciaron
La cláusula contempla la posibilidad de incorporar a la planta permanente a hijos o familiares directos de agentes municipales que se jubilan o fallecen mientras están en actividad. Según la interpretación de los jubilados, ese mecanismo debe concretarse dentro de los 180 días posteriores a la baja del trabajador y bajo las condiciones que fija la normativa.
Los denunciantes sostienen que la administración no cumplió con esa obligación pese a los trámites que iniciaron para pedir el ingreso de sus familiares. El 30 de septiembre de 2026 presentaron notas individuales dirigidas a Anabalón para exigir una respuesta, pero según consta en la denuncia difundida por el medio local, no obtuvieron contestación.
Para los jubilados no se trata de una simple diferencia de interpretación: hablan de una conducta deliberada. Además, aseguran que el propio municipio ya aplicó el artículo durante la gestión de Anabalón. Ante lo que consideraron agotados los intentos por la vía administrativa, decidieron avanzar con la denuncia penal.
Un reclamo que viene desde 2019
La presentación judicial no es el primer capítulo de este conflicto en Pico Truncado. El 30 de septiembre de 2026, El Diario Nuevo Día ya había informado sobre la protesta de jubilados municipales que se acercaron a la Municipalidad para reclamar el cumplimiento del mismo artículo. En esa oportunidad, los afectados señalaron que algunos llevaban más de un año esperando la incorporación de sus familiares, pese a haber realizado los trámites correspondientes.
Los antecedentes son aún más antiguos. En agosto de 2019, durante la gestión del entonces intendente Omar Fernández, un grupo de jubilados llegó a encadenarse en dependencias municipales para exigir el ingreso de sus familiares. El conflicto motivó entonces la intervención del Ministerio de Trabajo y una conciliación obligatoria. Según la información publicada en ese momento, el ingreso previsto por el artículo 139 debía contemplar que el nuevo trabajador reuniera las condiciones para desempeñar sus funciones.
Qué pide la denuncia y el argumento económico del municipio
Más allá de que se investigue la conducta del intendente, los jubilados solicitaron medidas para conocer la situación del personal municipal. En concreto, pidieron que la Justicia requiera un informe sobre la cantidad de trabajadores de planta permanente y contratados durante 2024, 2025 y 2026, además del número de agentes que se jubilaron en ese período.
El objetivo es contrastar esos datos con uno de los argumentos que, según los denunciantes, usó la administración para justificar la falta de incorporaciones: las restricciones presupuestarias. Los jubilados cuestionan esa explicación y sostienen que el ingreso de familiares en reemplazo de agentes que dejaron sus cargos no necesariamente implicaría un aumento en la cantidad de empleados.
También argumentan que las incorporaciones se harían en categoría 10 y sin antigüedad, lo que podría representar una erogación salarial menor que la correspondiente a los trabajadores jubilados. Esa evaluación económica forma parte de la postura de los denunciantes y todavía debe contrastarse con los datos oficiales del municipio.
Hasta el momento no se pudo confirmar si el juzgado dispuso nuevas medidas ni se obtuvo una respuesta oficial de Anabalón sobre la denuncia. La resolución del conflicto quedará en manos de la evaluación judicial de los hechos denunciados y de las obligaciones que establece el convenio colectivo aplicable.