120 empleados del Estado bajo la lupa: el juez tiene la última palabra sobre dónde se define la causa
Seis legajos, más de una docena de audiencias y un centenar de empleados estatales imputados: la causa por los certificados médicos apócrifos entró en su tramo decisivo y ahora la disputa se concentra en un solo punto.
El juez de Garantías Adrián Dvorzak dio por terminada la ronda de excepciones procesales en la investigación por los certificados médicos apócrifos que involucra a cerca de 120 empleados del Estado rionegrino, en su mayoría efectivos policiales y agentes del Servicio Penitenciario Provincial. Ahora resta definir una cuestión clave: en qué tribunales seguirá el expediente.
Según confirmó el propio magistrado, entre este martes y el miércoles resolverá los planteos de todas las defensas —oficiales y particulares— que reclamaron que se lo declare incompetente para continuar el trámite en los tribunales de Roca, ciudad donde vive la mayor parte de los investigados.
Viedma contra Roca: la pulseada por la competencia
La causa se reparte en seis legajos y ya acumula más de una docena de audiencias. En ellas, el fiscal Juan Pedro Peralta insistió en que la competencia debe quedar en la capital provincial, con un argumento central: el principal damnificado es el Estado, y su sede está en Viedma. La Fiscalía de Estado, representada por Federico Rosbaco, acompañó esa postura.
Los defensores contestaron con otro razonamiento: la residencia de los imputados y la necesidad de un mejor trabajo profesional aconsejan que el caso se tramite en Roca.
La última audiencia se realizó este martes y contó con la participación de los defensores oficiales Camilo Curi, Pedro Vega y María Paz Álvarez —esta última también subrogando a Graciela Carriqueo—, además de los particulares Fernando Ramoa, Edgardo Pérez y Diego Broggini. También estuvieron presentes siete de los doce procesados.
Una causa sin precedentes en el país
El expediente nació con una denuncia presentada el 23 de mayo de 2024 por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Esteban y su adjunto Luciano Minetti Kern, quienes se constituyeron como denunciantes.
El 31 de mayo la presentación se amplió: se pidió investigar a una médica de Roca y a un psicólogo de Villa Regina que habrían emitido una importante cantidad de certificados en beneficio de un trabajador estatal. Con el correr del trámite, el profesional de Regina quedó desvinculado, mientras que la médica siguió en la causa junto a otra persona que habría oficiado de gestora.
Durante los últimos dos años, el Ministerio Público Fiscal reunió documentación para formular cargos contra más de un centenar de imputados con domicilios dispersos en distintas localidades de la provincia.
La acusación apunta a una posible defraudación contra la administración pública: la expedición y presentación de certificados médicos con diagnósticos falsos de enfermedades o impedimentos laborales que en realidad no existían.
