14 empleados públicos quedaron en la calle en solo siete días: el dato que muchos no esperaban

El gobierno de Rolando Figueroa profundizó esta semana su política de tolerancia cero en la administración pública neuquina: 14 agentes fueron expulsados en apenas siete días, entre cesantías, exoneraciones y una eyección por un caso de estafa.

La diferencia con la gestión anterior, la de Omar Gutiérrez, es abismal. Las cifras son contundentes: estos nuevos 14 despidos incluyen las cinco cesantías y exoneraciones oficializadas el viernes y la reciente expulsión de una empleada del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) acusada de robo. Según el gobierno, la sociedad neuquina respalda plenamente la purga.

El caso más grave: estafa en Chos Malal

Entre los cinco despedidos del viernes aparece Martín Alfredo Martínez, empleado administrativo del Distrito Escolar V, con sede en Chos Malal. Fue exonerado después de que los auditores acreditaran que, entre mayo y septiembre de 2024, realizó transferencias, pagos de servicios y compras desde la cuenta bancaria de una autoridad del organismo. También solicitó dos tarjetas de crédito a nombre de la mujer y consignó su propio domicilio para recibirlas.

El caso llegó a la Justicia Penal, donde Martínez accedió en agosto de 2025 a una probation por el delito de estafa.

Abandono de cargo: los otros cuatro casos

Los otros cuatro agentes fueron cesanteados por abandono de cargo. Carina María de Luján Miñana, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, se ausentó injustificadamente entre el 2 de enero y el 23 de julio de 2024. En el mismo organismo, Gonzalo Agustín Pinilla acumuló inasistencias los días 2 al 31 de enero y el 2, 7, 16, 21, 22 y 23 de febrero de 2024.

La lista se completa con Patricia Elizabeth Zapata, de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, quien faltó en forma injustificada y continua entre el 1 de marzo y el 17 de mayo de 2024; y con Luciano Andrés Zupanovich, personal de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, quien acumuló inasistencias durante los días laborables comprendidos entre el 2 de enero y el 30 de agosto de 2024.

El mensaje del gobierno

Las nuevas expulsiones consolidan una política que el Ejecutivo provincial convirtió en una de sus principales señales de gestión: fin de los privilegios, austeridad, control sobre los recursos públicos y tolerancia cero frente a las indisciplinas. El mensaje es directo: cobrar un sueldo del Estado implica cumplir con las obligaciones del cargo y prestar el servicio con eficacia, capacidad y diligencia.

Además, el Gobierno ordenó investigar si los agentes cobraron jornadas que no trabajaron. Si corresponde, deberán devolver el dinero y, ante una eventual negativa, la Fiscalía de Estado iniciará las acciones legales correspondientes.