140 buques varados: el conflicto que paraliza los puertos y amenaza las exportaciones

El comercio exterior argentino está en vilo: 140 barcos permanecen sin operar mientras los prácticos, pilotos y baqueanos mantienen una medida de fuerza que ya frenó las exportaciones de granos en varios puertos del país.

El conflicto se desató tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma, que reemplaza el reglamento vigente desde 1991, introduce cambios profundos en el servicio de practicaje, esencial para la navegación segura en ríos y accesos portuarios.

¿Qué dice el decreto?

La nueva reglamentación elimina los cupos para inscribirse como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten directamente a estos profesionales, fija topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con experiencia a navegar sin práctico en determinadas zonas.

Según el Gobierno, el objetivo es reducir costos logísticos y fomentar la competencia. Sturzenegger fue contundente en su cuenta de X: se “desarmaron kioscos”. El funcionario criticó las “barreras de entrada” que limitaban la cantidad de prestadores y encarecían el servicio, y apuntó contra la segmentación geográfica que obligaba a contratar más de un práctico para un mismo recorrido.

La respuesta de los prácticos

Las entidades del sector no comparten la mirada oficial. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la norma de inconstitucional y ya anunció acciones judiciales: presentarán una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, amparada en el artículo 190 del Código Penal.

Desde la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos advierten que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y laborales. El temor es que la desregulación ponga en riesgo la vida de las tripulaciones y el medio ambiente.

¿Cómo afecta a los puertos?

La medida de fuerza golpea con fuerza en el Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, el corazón de las exportaciones agroindustriales. Allí, los buques esperan fondeados su turno, mientras las terminales ven caer la actividad.

La Prefectura Naval Argentina, encargada de controlar el servicio, comenzó a enviar notificaciones individuales a los prácticos para que retomen sus tareas, bajo la Ley de Navegación 20.094, que define al practicaje como un servicio público. Las notificaciones advierten sobre posibles sanciones administrativas y penales.

El decreto también contempla un plan de contingencia: autoriza a la Prefectura y, en casos excepcionales, a la Armada, a asumir directamente el servicio. Mientras tanto, los buques que transportan petróleo y gas siguen operando con normalidad para no afectar el abastecimiento interno de combustibles.

La pulseada entre el Gobierno y los prácticos recién comienza. Mientras las exportaciones esperan, la pregunta es cuánto durará el paro y qué impacto tendrá en la economía real.