15 años de la Tragedia de la Alcaidía: el Estado fue condenado dos veces, pero nadie fue juzgado

Quince años después del incendio que mató a cuatro adolescentes en la Alcaidía de Menores de Catamarca, la causa penal quedó cerrada sin que ningún acusado llegara a juicio. La Justicia civil, en cambio, condenó dos veces al Estado provincial por la falta de custodia y las malas condiciones del lugar, y las familias de dos víctimas ya cobraron o están por cobrar indemnizaciones millonarias.

La noche de la tragedia

El 9 de septiembre de 2011, cuatro chicos compartían una celda en la Alcaidía de Menores: Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16). Llevaban varios días detenidos en un lugar que no estaba en condiciones. Esa tarde, como forma de protesta, colocaron un colchón contra la puerta y le prendieron fuego. El fuego se descontroló y los cuatro murieron calcinados.

Por el hecho fueron imputados cuatro policías: Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva y Adriana del Valle Galván. Un quinto, Carlos Daniel Leiva, también imputado, murió en 2019. Además, las entonces juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto y el exministro de Gobierno Javier Silva quedaron acusados por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Una causa que nunca avanzó

La investigación penal llegó a juicio en agosto de 2015, pero el expediente se empantanó. En septiembre de 2016, las juezas fueron sobreseídas y Silva también, por prescripción. Así, la causa quedó centrada en los cuatro policías.

En febrero de 2018, el expediente estuvo listo para el debate oral. Pero ese debate nunca se hizo: entre marzo de 2020 y marzo de 2023 se fijaron siete audiencias y las siete se suspendieron, la mayoría por pedidos de la Fiscalía o de las defensas.

El 28 de noviembre de 2025, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca declaró la insubsistencia de la acción penal por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sobreseyó a los cuatro policías. En el fallo, el tribunal apuntó contra el Ministerio Público Fiscal: dijo que "nunca impulsó la acción de la que es titular" y que fue "artífice de varias suspensiones". También señaló al Poder Judicial como "parte responsable de la desidia, inacción y falta de voluntad" durante los años en que la causa estuvo paralizada.

La fiscal Cynthia Romero intentó llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación, pero la Sala Penal no le concedió el recurso. El argumento: quien contribuyó a generar la demora no puede usarla como agravio. El Ministerio Público presentó una queja ante el máximo tribunal en julio de 2026, que todavía no resolvió.

Las condenas civiles: la única respuesta

Mientras la causa penal se caía a pedazos, la Justicia civil dio respuestas. En febrero de 2021, la jueza Silvina Millán condenó al Estado a pagarle a Ana Mariel Mendoza, madre de Franco Sosa, $783.116,16 por daño patrimonial y $1.000.000 más. La magistrada sostuvo que, al privar de libertad a una persona, "el Estado asume la obligación de su custodia" y cuestionó la falta de requisa, la demora en apagar el fuego y las malas condiciones del edificio.

La segunda condena llegó el 27 de agosto de 2026, casi 15 años después del hecho. La jueza María Lucía Cano falló a favor de la familia de Nelson Fernández y ordenó pagar $156.777.575 más intereses: $56.777.575 por "pérdida de chance de ayuda económica futura" y $100.000.000 por daño moral. En esa sentencia, además, se remarcó que la Fiscalía de Estado tardó ocho meses en intervenir en el expediente, lo que repitió "un patrón de deficiente gestión" ya observado en otros casos.

La causa penal, mientras tanto, sigue esperando una decisión de la Corte Suprema. Las familias de las otras dos víctimas todavía no recibieron ninguna indemnización.