21 hectáreas frente al Perito Moreno: la Justicia frenó las inscripciones, pero el proyecto millonario sigue en pie

La Justicia Federal dio un paso, pero la pulseada por las casi 21 hectáreas de Península de Magallanes, a metros del glaciar Perito Moreno, está lejos de resolverse. El juez Claudio Vázquez dispuso el viernes 16 de octubre impedir nuevas inscripciones registrales sobre esas parcelas, aunque no anuló la compraventa, no dejó sin efecto la autorización del gobernador Claudio Vidal ni prohibió el emprendimiento turístico.

El expediente ahora fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida del magistrado busca preservar la situación de los terrenos mientras se define qué tribunal deberá hacerse cargo del conflicto de fondo.

Quiénes están detrás de la operación

En el centro de la controversia aparece una operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad argentina vinculada a capitales de Dubái. El proyecto contempla 24 cabañas y una capacidad aproximada de 60 plazas, dentro de un área natural protegida desde 1993.

El Gobierno de Santa Cruz habilitó la operación de manera excepcional a través del Decreto 915/2026 y la presentó como una oportunidad de inversión y desarrollo turístico. En ese marco se mencionó una inversión estimada en 90 millones de dólares, aunque esa cifra no representa fondos efectivamente desembolsados.

Qué mira la Justicia

El conflicto no se limita a la construcción de un complejo de cabañas. Los cuestionamientos judiciales apuntan a determinar si la operación respeta la Ley Nacional de Tierras Rurales, las restricciones para compradores extranjeros y las condiciones especiales que rigen en una zona protegida.

El decreto provincial menciona una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Sin embargo, esa autorización no elimina los controles ni las obligaciones que deberán cumplirse para desarrollar el emprendimiento.

Un antecedente que pesa

La disputa no es nueva. En 2021, la Corte Suprema ya había intervenido en un conflicto sobre propiedades privadas dentro de Península de Magallanes y cuestionó restricciones prolongadas impuestas por Santa Cruz sin un plan de manejo definitivo. La provincia aprobó ese instrumento en 2022.

Qué puede pasar ahora

El máximo tribunal deberá definir primero si le corresponde intervenir directamente. Después quedará pendiente resolver los cuestionamientos legales y las medidas solicitadas por quienes impulsaron el reclamo.

Mientras tanto, las parcelas siguen sujetas a la restricción registral. La operación no fue declarada ilegal, pero tampoco existe una resolución judicial definitiva que cierre la controversia.

El punto central es que una autorización provincial, por sí sola, no alcanza para despejar todas las cuestiones legales que rodean a estas tierras. La Justicia deberá determinar si la operación respeta las normas nacionales y provinciales aplicables.

Por ahora, el proyecto no está cancelado y la disputa continúa abierta. El futuro de esas 21 hectáreas dependerá de las próximas decisiones judiciales y del cumplimiento de las exigencias que protegen uno de los territorios turísticos y ambientales más importantes de Santa Cruz.