3.000 firmas y un exdiputado al frente: el reclamo por las tierras frente al Perito Moreno llega a Diputados

Unos 3.000 vecinos de El Calafate pusieron el cuerpo y la firma para frenar lo que consideran una entrega del patrimonio santacruceño. El reclamo por la venta de dos parcelas en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, desembarcó esta semana en la Cámara de Diputados de Santa Cruz con un pedido concreto: que se conforme una comisión investigadora.

El objetivo es revisar cómo se llegó a autorizar la operación y si el trámite respetó la Constitución Nacional, la Constitución provincial y las leyes vigentes. Los organismos bajo la lupa son el Poder Ejecutivo, el Consejo Agrario Provincial y la Secretaría de Estado de Ambiente.

El encargado de llevar la voz de los vecinos al recinto fue Alberto Chaile, exdiputado justicialista, durante la sesión ordinaria de este jueves. Según informó Señal Calafate, Chaile expuso los argumentos del grupo y les pidió a los legisladores que ejerzan su función de control sobre las decisiones tomadas en torno al área protegida.

Qué hay detrás de la operación

El planteo apunta al decreto del gobernador Claudio Vidal que habilitó una operación vinculada con dos parcelas y un proyecto de desarrollo turístico en la Península de Magallanes. La venta fue planteada por Lacustre del Sur a favor de ASB Hospitality Calafate SAU, firma vinculada a la emiratí ASB Hospitality LLC.

Durante su exposición, Chaile repasó los antecedentes de la creación del Parque Provincial Península de Magallanes, en 2003, y sostuvo que la decisión debe mirarse desde dos ángulos: el legal y el de sus posibles consecuencias ambientales y sociales.

"Venimos porque queremos escuchar qué piensan ustedes y queremos ver qué deciden ustedes", les dijo a los diputados para explicar por qué los vecinos decidieron trasladar el reclamo al ámbito legislativo.

Pedidos de información y una posible causa judicial

Los vecinos no se quedaron solo con la presentación en la Legislatura. Según detalló Chaile, hicieron pedidos formales de acceso a la información al Poder Ejecutivo provincial, al Consejo Agrario Provincial y a la Secretaría de Estado de Ambiente para conocer los antecedentes administrativos que sustentaron la autorización.

Ambiente ya había remitido una copia del expediente y respondido los requerimientos, mientras que todavía aguardaban las respuestas del Ejecutivo y del Consejo Agrario. El vocero anticipó que el grupo analizará la documentación antes de definir si avanza con una presentación judicial.

La comisión investigadora que reclaman tendría como misión revisar las tramitaciones de cada organismo y establecer si se ajustaron a la normativa. En ese punto, Chaile subrayó que la Legislatura tiene un rol central en el control del Gobierno y recordó que fueron los propios diputados quienes aprobaron las normas de protección del territorio.

Producción, trabajo y el debate de fondo

Uno de los ejes del reclamo es el argumento oficial de la generación de producción y empleo. Chaile cuestionó que ese objetivo alcance para justificar una operación de estas características sin un debate público más amplio.

En su discurso comparó los modelos productivos que marcaron la historia de Santa Cruz, desde la ganadería y los hidrocarburos hasta la minería, y planteó la necesidad de discutir qué modelo de desarrollo se quiere para el futuro de la provincia.

También puso el acento en las áreas protegidas y en los recursos naturales santacruceños, al considerar que lo que se decida sobre la Península de Magallanes puede tener efectos que vayan más allá de la operación puntual.

"No estamos juzgando ni resolviendo absolutamente nada, estamos solo pidiendo que se estudie el tema y se discuta y se convoque a todos los actores que han intervenido", afirmó al cerrar su exposición.

La mirada puesta en las próximas generaciones

Chaile apeló a los artículos 41 de la Constitución Nacional y 73 de la Constitución provincial, que consagran el derecho a un ambiente adecuado y la obligación de preservar los recursos naturales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.

Con ese marco, les pidió a los legisladores que contemplen las consecuencias de largo plazo y que impulsen una discusión que incluya a la comunidad.

"No está mal mirar a la próxima elección del año que viene, pero es muy importante mirar a las próximas generaciones", expresó.

Con las firmas ya presentadas, el reclamo de los vecinos quedó formalizado ante la Legislatura santacruceña. El pedido de una comisión investigadora busca que los diputados analicen el procedimiento, convoquen a los organismos involucrados y determinen si las actuaciones se ajustaron al marco legal vigente.