32 años de impunidad y una ley que lo cambió todo: quiénes son los 8 procesados por la AMIA

El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos, 151 heridos y daños materiales de enorme magnitud. La resolución se apoyó en la Ley de Juicio en Ausencia (27.784), que permitió avanzar sobre acusados prófugos en el exterior sin renunciar a sus garantías procesales.

En el fallo, el magistrado dio por probado que el atentado fue decidido por la cúpula del gobierno iraní y ejecutado por Hezbollah. Calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio, y fijó un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los procesados.

Los nombres que quedaron en la mira de la Justicia

Los procesamientos alcanzan a Alí Fallahijan (exministro de Inteligencia iraní), Alí Velayati (excanciller iraní), Mohsen Rezai (excomandante de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (comandante de la fuerza Al Quds). Según la resolución, desde sus cargos dentro del régimen iraní decidieron y participaron en la organización del ataque, y posibilitaron que quienes actuaron sobre el terreno lo consumaran.

En calidad de “cómplices necesarios” fueron procesados Hadi Soleimanpour (exembajador de Irán en la Argentina), Mohsen Rabbani (activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y consejero cultural de la embajada iraní) y Ahmad Asghari (exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria). A estos tres se les imputó haber contribuido de manera esencial al plan criminal desde el ámbito diplomático y la red local iraní.

El juez también procesó a Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah, por haber coordinado la etapa final del atentado. En cambio, dispuso la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. No trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei ni del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh, fallecidos en 2026 y 2008 respectivamente, como tampoco la del libanés vinculado a Hezbollah Alí Hussein Abdallah, muerto en 2020.

Cómo se armó el atentado, según la reconstrucción judicial

La resolución da por probado que los terroristas compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994, la acondicionaron y la cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo quedó preparado el 15 de julio en un estacionamiento a cuatro cuadras de la AMIA, y esperaron tres días para hacerlo explotar a media mañana, el momento de mayor concurrencia al edificio.

Sobre la base de las pruebas reunidas por la UFI AMIA, Rafecas determinó que la decisión de cometer el atentado se tomó en agosto de 1993 en las máximas instancias del régimen iraní. El ataque fue encomendado a Hezbollah, agrupación proiraní con sede en El Líbano, que organizó su ejecución mediante una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera (Ciudad del Este, Paraguay; Foz de Iguazú, Brasil; y Puerto Iguazú, Argentina).

Los hechos fueron calificados como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. El juez encuadró el atentado como crimen de lesa humanidad y también bajo la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.

La resolución también dio por probado que el ataque a la AMIA fue coordinado con un segundo atentado contra la comunidad judía al día siguiente en Panamá: un pasajero suicida hizo explotar un avión de línea y mató a sus tres tripulantes y a 17 pasajeros, doce de ellos de la colectividad judía local, algunos con sus esposas. Ese crimen mantiene abierta una causa penal en el país centroamericano, con intercambio de información. Cuatro días después, según el fallo, ambos atentados fueron reivindicados en conjunto por Hezbollah desde El Líbano bajo la denominación de cobertura “Ansar Allah”.

Rafecas dispuso dar intervención a la Corte Suprema ante la posible conexidad de esta causa con la que investiga el atentado a la Embajada de Israel en 1992, que tramita en ese tribunal, ya que según la Fiscalía a cargo de Sebastián Basso ambos sucesos habrían sido ejecutados por Hezbollah.

El procesamiento podrá ser apelado por la Defensa Oficial a cargo de Hernán Silva. Si las instancias superiores lo confirman, el juzgado quedará habilitado para correr vistas a la Fiscalía, las querellas y la defensa, y luego dictar el auto de elevación a juicio oral y público ante uno de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital, el objetivo final de la ley de juicio en ausencia.

El respaldo del Gobierno y los cruces políticos

El presidente Javier Milei celebró la medida en su cuenta de X: “La Moral como Política de Estado. ¡MAGA!”. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, afirmó: “El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad. Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos. Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina”.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, también se pronunció: “32 años tuvieron que pasar para que la Justicia pueda avanzar contra los iraníes prófugos acusados por el atentado a la AMIA. La Ley de Juicio en Ausencia, que aprobamos el año pasado, vino a terminar con la impunidad: si un acusado de terrorismo se fuga, la Justicia no se detiene. Todo lo contrario al Memorándum con Irán que firmó Cristina Kirchner para exculparlos y que queden impunes”.