38 dúplex entregados y socios sin respuesta: ¿qué criterio usó la Cooperativa 127 Hectáreas?

Más de un año después de que se entregaran 38 dúplex en el barrio Sirena Unificada, un grupo de socios de la Cooperativa 127 Hectáreas sigue sin saber con qué criterio se adjudicaron las viviendas. El reclamo, que ya lleva dos años de idas y vueltas administrativas, dejó al desnudo un presunto favoritismo hacia familiares del titular de la cooperativa y un convenio que beneficiaría a un gremio por sobre otro.

Los socios, algunos con 15 años de antigüedad y al día con sus pagos, denuncian que la falta de transparencia en la asignación de las unidades es total: no hay lista oficial de beneficiarios ni explicación sobre por qué algunos esperan desde hace una década y media mientras otros recibieron su casa en octubre de 2023.

El reconocimiento que encendió la polémica

La mecha se encendió cuando Jorge Salas, titular de la cooperativa, salió a hablar en el programa Telenoche de Canal 13 y reconoció que efectivamente entregó viviendas a familiares. No lo negó: lo defendió como una decisión que no dejó a ningún pariente sin acceso a una vivienda.

Esa confesión, lejos de cerrar el tema, profundizó las sospechas. Los socios reclamantes vienen denunciando desde 2024 la falta de un criterio claro de adjudicación, pero nunca pudieron acceder a la lista oficial de beneficiarios para cotejar cuántos de esos familiares figuran entre los adjudicatarios.

El reclamo formal: años de antigüedad sin respuesta

El 10 de octubre de 2024, cuatro socios activos —con entre 8 y 15 años de antigüedad y al día con sus obligaciones— presentaron un pedido formal ante la Dirección General de Cooperativas y Mutuales, dependiente de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, que a su vez responde al Ministerio de Gobierno que conduce Jorge Tobares.

En esa presentación, solicitaron copias de toda la documentación relacionada con las últimas 38 adjudicaciones de dúplex del Barrio Sirena Unificada I y II, entregadas el 23 de octubre de 2023: la norma legal de esas adjudicaciones, la publicación oficial con los nombres de los adjudicatarios, el último balance anual y un informe sobre el estado de las obras.

Los socios denunciaron que la cooperativa no respetó el orden de prelación que debería regir estas entregas —antigüedad, cumplimiento de obligaciones y situaciones de vulnerabilidad extrema— pese a que ellos mismos acreditaban esos requisitos desde hacía años. Además, señalaron que sus reclamos anteriores, hechos por carta documento, habían sido respondidos “de forma evasiva y general”, lo que contraviene los principios cooperativos de la Ley 20.337. En el escrito dejaron formal reserva de acciones legales.

La respuesta de la cooperativa: “es culpa del IPVU”

Casi un mes después, el 4 de noviembre de 2024, la secretaria de la cooperativa, Roxana Huincamán, contestó el traslado. Reconoció que los reclamantes estaban al día con sus obligaciones sociales y de infraestructura, lo que les daba derecho a participar en la Asamblea General y acceder ahí a la información sobre el avance de las obras.

Pero el punto central fue otro: la cooperativa aseguró que la documentación legal de las 38 adjudicaciones queda en resguardo del IPVU y ADUS, por ser el organismo provincial que formaliza las entregas, y remitió a los reclamantes a esa dependencia. Aclaró además que la cooperativa no les vendió un inmueble de manera directa.

En cuanto a la publicación oficial de los adjudicatarios, la cooperativa informó que recién se concretaría cuando se efectivizara la entrega de las viviendas pactadas para noviembre y diciembre de 2024. Es decir, más de un año después de que esas unidades ya estuvieran en manos de sus destinatarios.

La respuesta incluyó dos datos adicionales: según los últimos aportes del IPVU, unas 80 unidades más podrían entregarse en los meses siguientes, y ya se había iniciado una segunda etapa de 192 viviendas, con entrega prevista para 2025. El expediente se cerró administrativamente el 12 de noviembre de 2024, cuando la directora de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, María Eugenia Aichino, remitió la respuesta a las abogadas de los socios.

La versión de los damnificados: “De repente un día se entregaron y no supimos más nada”

Los socios reclamantes reconstruyeron ante LM Neuquén el origen del conflicto. Según relataron, en 2024 enviaron una carta documento a la Comisión Directiva para consultar por la entrega de los dúplex realizada en 2023, ya que no existía un listado público ni claridad sobre el criterio utilizado.

“De repente un día se entregaron y no supimos más nada”, señalaron.

Fue en respuesta a ese reclamo que Huincamán envió la nota que remitió la responsabilidad al IPVU y ADUS. Pero los damnificados destacan un punto de ese mismo escrito: sostienen que allí la cooperativa también consignó que el IPVU había entregado fondos para construir 80 viviendas adicionales, anunciadas para “los próximos meses” —una entrega que, según su testimonio, nunca se concretó.

El contrapunto se profundizó en 2025, cuando al insistir con el reclamo, los socios se reunieron con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y el subsecretario Juan Grandi. Según su versión, ambos funcionarios les repitieron que se trataba de “un asunto de particulares” y que ni el IPVU ni el gobierno provincial tenían injerencia en el conflicto.

Para los reclamantes, esa respuesta contradice de manera directa lo que la propia cooperativa había puesto por escrito un año antes, cuando le atribuyó al IPVU-ADUS el control sobre las adjudicaciones y el financiamiento de las nuevas unidades.

En sus declaraciones a LM Neuquén, los socios sostuvieron que la nota de Huincamán, al acreditar que el IPVU-ADUS tenía injerencia en las adjudicaciones, demuestra también que el organismo provincial y el gobierno estaban al tanto de que se le entregaría vivienda a familiares de Jorge Salas —algo que el propio Salas reconoció en su descargo televisivo.

Cabe aclarar que, si bien el hecho de que Salas benefició a familiares está confirmado por sus propias declaraciones, la afirmación de que el IPVU-ADUS o el gobierno provincial tenían conocimiento previo de esas adjudicaciones puntuales sigue siendo una interpretación de los damnificados, y no una prueba directa.

Los socios precisaron además su situación particular. Afirman que la mayoría cuenta con empleo fijo y formación profesional, que muchos ingresaron a la cooperativa derivados por el propio IPVU —que enviaba a los interesados a anotarse en cooperativas de vivienda— y que estuvieron siempre al día con los pagos correspondientes a convenio, paredones, adendas, infraestructura y movimiento de suelo, entre otros conceptos.

El testimonio de Nancy Estévez: “La solución habitacional no la tenemos”

Una de las damnificadas, Nancy Estévez, habló con LM Neuquén y puso nombre y trayectoria al reclamo. Está anotada en la cooperativa desde 2009 y asegura haber pagado en tiempo y forma cada uno de los conceptos que se le fueron requiriendo: paredones, adenda y cordón cuneta, entre otros. Según su relato, originalmente le correspondía estar entre los adjudicatarios del barrio La Sirena —donde se entregaron las primeras 38 viviendas—, pero terminó reubicada en el desarrollo Sirena Unificada.

“Son todos dichos, vas a un lado y te dicen una cosa y después otra. La solución habitacional no la tenemos”, resumió Estévez sobre el trato recibido por parte de la cooperativa y de los organismos consultados.

La socia denunció además un trato desigual en el orden de prioridad: sostuvo que la conducción de la cooperativa habría firmado un convenio con ATE que otorgaría prioridad a ese gremio por sobre otros grupos de socios, y contrastó el caso con el de ATEN, que —según su versión— cuenta con un convenio desde 2018, nueve años posterior a su propia inscripción en 2009.

“La idea es tocar todo, para lograr el objetivo que es la vivienda”, cuestionó.

Estévez describió también su situación habitacional actual: alquila una vivienda de dos habitaciones y afronta aumentos de alquiler cada tres meses. “Lo puedo sostener, pero no sé hasta cuándo”, planteó. Es retirada de la Policía y complementa su jubilación con otro trabajo para poder pagar el alquiler y sostener sus gastos.