41 días sin clases en la UNSJ: la Justicia Federal ya puso un plazo

El Juzgado Federal de San Juan le dio cinco días a la Universidad Nacional de San Juan para que explique por qué se interrumpieron las clases en sus colegios preuniversitarios. La medida llega después de un amparo colectivo presentado por familias autoconvocadas, que denuncian una cifra que escala: 41 jornadas perdidas hasta la semana pasada.

Qué piden los padres

El reclamo no apunta solo a los paros docentes. El amparo colectivo exige garantizar una prestación mínima del 75% del servicio educativo mientras duren las medidas de fuerza. También solicita un programa para recuperar las jornadas y los contenidos que quedaron pendientes del ciclo lectivo 2026.

Según los familiares, la acumulación de días sin actividad en las aulas refleja la magnitud de un conflicto que excede a los estudiantes. La presentación busca resguardar la continuidad pedagógica y evitar que los alumnos paguen las consecuencias de una disputa que no les pertenece.

El camino judicial

La intervención del fuero federal se habilitó después de que el fiscal Francisco Maldonado considerara competente a la Justicia Federal. Con ese criterio, el juez Leopoldo Rago Gallo avanzó en la tramitación del expediente y ordenó el traslado a la casa de estudios.

La UNSJ deberá ahora presentar un informe con sus argumentos y antecedentes en el plazo de cinco días. El magistrado evaluará esa respuesta y definirá si concede el amparo y la medida cautelar solicitada. Hasta entonces, no existe una resolución que obligue a garantizar el porcentaje reclamado por los padres.

El derecho a la educación y el derecho a huelga

El planteo judicial no desconoce el derecho de los trabajadores a defender sus salarios y condiciones laborales. Las demandas gremiales tienen canales legítimos de expresión y negociación. Sin embargo, la reiteración de las huelgas impacta directamente en quienes dependen de la educación pública para construir su futuro.

Conciliar ambos derechos exige diálogo, responsabilidad y mecanismos que reduzcan el impacto de las medidas de fuerza. La autonomía universitaria no puede convertirse en una excusa para postergar soluciones ni para desatender las consecuencias de la interrupción educativa.

Qué puede pasar ahora

El traslado judicial introduce una exigencia ineludible: la UNSJ debe explicar qué alternativas existen para preservar la actividad académica. La institución tiene la responsabilidad de defender su funcionamiento, pero también de garantizar que sus establecimientos cumplan su misión esencial.

Mientras el expediente avanza, las partes siguen sin una resolución de fondo. Las familias esperan respuestas, los gremios sostienen sus reclamos y los estudiantes continúan perdiendo jornadas. Cada día sin clases es una oportunidad de aprendizaje que se diluye y una deuda que la comunidad educativa acumula sin fecha de pago.