Son 42 los trabajadores judiciales que reclamaron diferencias salariales retroactivas y se apoyaron en una cláusula del acuerdo paritario de 2013. Cornejo firmó el decreto que cerró la vía administrativa: qué argumentó el Gobierno para rechazar el pedido.
El gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto N.º 2300, publicado este jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial, mediante el cual el Ejecutivo provincial rechazó el reclamo de 42 trabajadores del Poder Judicial que exigían el pago de diferencias salariales retroactivas.
La presentación se apoyaba en la Cláusula "C" del acuerdo paritario del sector judicial de 2013, un punto que los empleados consideraban clave para sostener la proporcionalidad entre los salarios de magistrados, funcionarios y empleados.
Con la firma del mandatario, la norma declaró prescripta la presentación y dispuso el archivo de las actuaciones, cerrando así la vía administrativa para el planteo.
Quiénes llevaron adelante el reclamo
La presentación fue impulsada en representación de los trabajadores por el abogado Alejandro Felipe Jofré. Los agentes judiciales sostenían que la Cláusula "C" buscaba preservar la proporcionalidad entre las remuneraciones de los distintos escalafones del Poder Judicial.
Desde la interpretación de los reclamantes, el incumplimiento de ese compromiso habría generado un perjuicio económico concreto. Por eso pidieron que se reconocieran las diferencias salariales que consideraban adeudadas, más los intereses correspondientes.
El planteo también invocaba garantías constitucionales: el derecho de propiedad, el principio de igualdad, la protección integral de las remuneraciones y la progresividad de los derechos laborales.
Los dos argumentos del decreto
El primero de los fundamentos que sostiene la decisión es la prescripción prevista en el artículo 186 de la Ley 9003. Según el Poder Ejecutivo, si bien la presentación administrativa interrumpe en un primer momento el plazo de prescripción, ese plazo vuelve a correr desde el último acto que impulse el trámite.
Tras revisar el expediente, la Administración concluyó que no hubo actividad procedimental suficiente para mantener vigente el reclamo dentro de los plazos legales, por lo que la posibilidad de continuar con la acción administrativa quedó extinguida.
Qué había resuelto la Suprema Corte sobre la Cláusula "C"
El segundo fundamento del decreto se vincula con el contenido mismo del planteo. La norma recordó que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ya había analizado el alcance de la Cláusula "C" en una causa promovida por la Asociación de Funcionarios Judiciales contra el Gobierno provincial.
En ese antecedente, el máximo tribunal entendió que la cláusula no reconoce un derecho subjetivo al reajuste automático de los salarios ni establece por sí sola la obligación de pagar diferencias retroactivas. Para la Corte, se trata de un compromiso cuyo cumplimiento debe abordarse en el marco de las negociaciones paritarias.
El decreto sostuvo que la Administración debe ajustar sus decisiones a esa interpretación judicial, de modo que tampoco correspondía reconocer el derecho reclamado por los trabajadores.
Qué dicen los artículos de la norma
El artículo 1 declaró prescripta la presentación y ordenó archivar el expediente. El artículo 2 rechazó de manera expresa el reclamo de los 42 agentes judiciales incluidos en la resolución.
De esta forma, el Ejecutivo provincial clausuró la vía administrativa para este pedido de diferencias salariales, con dos argumentos que se suman: el reclamo fue presentado fuera de los plazos legales y el criterio que la Suprema Corte ya había fijado sobre la Cláusula "C".
