48 alumnos de la EPET 45 pidieron hablar: lo que contaron quedó bajo llave

La Defensoría Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes desembarcó en la EPET 45 y se topó con una escena que no esperaba: más de 48 estudiantes quisieron contar cara a cara lo que vivieron dentro de la institución. El número obligó al equipo interdisciplinario a trabajar dos jornadas completas para que todos pudieran expresarse.

Rossana Franco, titular del organismo, contó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que la Defensoría ya tenía pedidos de intervención de padres, pero esperó a que otras instancias del sistema de protección se movieran primero. "La Defensoría es la última instancia", recordó, al explicar que suelen dejar que los mecanismos del ámbito educativo se activen antes de entrar.

Una demanda que superó lo esperado

Cuando llegaron a la escuela con un abogado, una psicóloga, una trabajadora social y una psicopedagoga, la realidad superó cualquier cálculo previo. No eran unos pocos alumnos con intención de formalizar una denuncia: eran decenas de adolescentes dispuestos a relatar situaciones ocurridas en distintos momentos, que no podían encasillarse en un solo episodio ni en un período concreto.

Franco evitó fijar fechas o duraciones porque los hechos referidos se dieron en instancias diferentes. Pero reconoció que la acumulación fue la que terminó por generar el escenario que después se hizo público. "Este cúmulo de distintas situaciones, en distintos tiempos, hizo que llegara un momento en que esto tuvo que estallar", sostuvo.

Confidencialidad y derechos en juego

La intervención se apoyó en dos principios que, según la defensora, deben garantizarse al mismo tiempo: el derecho de los adolescentes a seguir estudiando y el derecho a hacerlo en un ámbito libre de violencias. Los testimonios se tomaron con escucha confidencial y luego se volcaron en informes generales, sin individualizar a los estudiantes ni incluir datos que permitieran identificarlos.

Ese resguardo fue deliberado. El objetivo no era exponer otra vez a los chicos, sino reunir los elementos para que los organismos competentes pudieran avanzar. Del trabajo participaron el abogado Senbruski, la psicóloga Cecilia Coach, la trabajadora social Silvia Rivero y la psicopedagoga Carolina Noguera.

Con las jornadas y las reuniones posteriores con padres y autoridades de la institución, la Defensoría remitió sus actuaciones al Consejo General de Educación y al Ministerio de Educación. Franco destacó la participación del supervisor de Educación Técnica, profesor Montiveros, con quien mantuvieron dos encuentros, y la intervención de Política Educativa en el proceso.

¿Falló el protocolo?

Cuando se le preguntó directamente si el protocolo había fallado o si debía revisarse para evitar que un conflicto llegue tan lejos, Franco no atribuyó lo ocurrido a una falla puntual. Sí dejó claro que el volumen de estudiantes que buscó expresarse obliga a mirar cómo y cuándo se escucha a los adolescentes dentro de una institución.

También valoró la presencia de los padres, no solo por haber llevado los reclamos sino por haberse mantenido junto a sus hijos durante todo el proceso. Para la defensora, el reclamo de los estudiantes no puede leerse solo como una alteración de la vida escolar. "Son adolescentes ejemplo", afirmó, y resumió su mirada con una frase: "Cuando hay una revolución es porque algo pasa".

La intervención sigue abierta

La entrega de los informes no cerró el trabajo. Franco adelantó que el equipo volverá a la EPET 45 para conocer cómo están los alumnos después de las decisiones tomadas y mantendrá una nueva reunión con los padres que pidieron continuar el acompañamiento. El objetivo será verificar que puedan seguir estudiando en condiciones adecuadas y que las medidas implementadas garanticen su protección.

La situación también tiene derivaciones judiciales. Franco confirmó que algunos de los casos ya están judicializados y que la Defensoría está pidiendo información sobre esas actuaciones. Cuando hay una causa abierta, aclaró, es la Justicia la que determina cómo sigue el proceso, aunque el organismo puede requerir datos y hacer un seguimiento desde la protección de derechos.

Consultada sobre los docentes alcanzados por medidas preventivas y las garantías si son destinados a otros establecimientos, Franco respondió que la Defensoría pidió información sobre la totalidad del caso y remarcó que la obligación de protección no se limita a los estudiantes de la EPET 45. Si alguno de los docentes fuera trasladado, también deben quedar resguardados los alumnos de ese lugar, por lo que sostuvo que mientras dure la investigación no deberían estar frente al aula ni mantener contacto con estudiantes.

Ese planteo vino con una precisión: las actuaciones están en etapa de investigación y los involucrados conservan su derecho a defenderse. Para Franco, las restricciones preventivas buscan asegurar que, mientras se determinan responsabilidades, no exista riesgo para los chicos.

La defensora recordó que no es la primera vez que el organismo interviene en conflictos escolares. Durante su gestión recibieron alumnos y mediaron con responsables institucionales y docentes en distintas situaciones, aunque no todas alcanzaron el nivel de exposición de lo ocurrido ahora. En cada una, el punto de partida fue el mismo: incorporar la palabra de niños y adolescentes antes de que el conflicto se profundice.

En la EPET 45, esa intervención todavía no terminó. La Defensoría seguirá el estado de los estudiantes, los procesos administrativos y las actuaciones que llegaron a la Justicia, además de mantener el contacto con las familias. Detrás de todo el recorrido institucional queda una señal difícil de soslayar: cuando se abrió un espacio para escucharlos, más de 48 adolescentes quisieron hablar.