50 días sin aparecer por el Concejo: el dato que terminó de hundir al agente
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50 días sin aparecer por el Concejo: el dato que terminó de hundir al agente

Un empleado del Concejo Deliberante de Concordia acumuló decenas de días sin ir a trabajar y la Municipalidad le puso un freno. Pero lo que encontraron en su legajo y su otro empleo en la Provincia terminó de complicarlo: el dato que lo dejó sin puesto.

Un empleado mensualizado del Concejo Deliberante de Concordia fue cesanteado tras acumular 50 días de inasistencias injustificadas. La investigación administrativa no solo confirmó las ausencias: también reveló que el agente tendría otro empleo en el Gobierno de Entre Ríos, donde estaría bajo la lupa por una situación similar.

El Departamento Ejecutivo municipal resolvió la cesantía después de un sumario que se puso en marcha en abril de 2026. La sospecha inicial eran las faltas reiteradas y la ausencia de registros que probaran que el empleado hubiera pisado su lugar de trabajo.

El detalle que complicó al agente

Las actas de la División Unidad de Control, los informes de Recursos Humanos y los registros de marcación fueron contundentes: se acreditaron 50 días de ausencias injustificadas entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de abril de 2026. La Dirección de Liquidación de Haberes también respaldó la maniobra con sus propios papeles.

Durante el procedimiento, la Municipalidad notificó e intimó al agente en su domicilio particular y le otorgó los plazos legales para defenderse. Sin embargo, el empleado nunca se presentó a las audiencias fijadas y quedó declarado en rebeldía.

A eso se le suman antecedentes disciplinarios graves en su legajo, entre ellos suspensiones sin goce de haberes durante 2025.

El vínculo con la Provincia que encendió las alarmas

La investigación municipal destapó otro dato: el agente también sería dependiente del Gobierno de Entre Ríos. En esa jurisdicción, según trascendió, se estaría tramitando un expediente disciplinario por motivos parecidos.

La decisión de echarlo se enmarca en la política de ordenamiento y control de recursos humanos que impulsa la actual gestión municipal, con la intención declarada de terminar con prácticas que durante años perjudicaron el funcionamiento del Estado y el esfuerzo de los contribuyentes.

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