52 penitenciarios a juicio oral: la noche que Ezeiza terminó con presos apilados y gaseados

La justicia federal confirmó que 52 agentes y exagentes del Servicio Penitenciario Federal enfrentarán un debate oral por la represión desatada en junio de 2019 en el Pabellón B de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La acusación describe disparos con munición antitumulto, golpes con elementos contundentes, gas pimienta arrojado dentro de una celda y cuatro días de aislamiento sin comida ni luz.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, rechazó las oposiciones de las defensas, clausuró la instrucción y remitió el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata que resulte sorteado.

La medida acogió los pedidos de elevación a juicio de la fiscal Cecilia Incardona, con la intervención del fiscal general Alberto Gentili, al frente de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que actúa como querellante.

La requisa que desbordó el pabellón

Todo empezó el 9 de junio de 2019, cuando un grupo de internos del Pabellón B reclamó por un cambio en el horario de visitas. La protesta subió de tono: algunos detenidos prendieron fuego colchones y bloquearon sectores del pabellón. La respuesta fue la convocatoria de un cuerpo de requisa extraordinario.

De acuerdo con la reconstrucción que quedó en el expediente, los agentes entraron con escopetas y dispararon munición antitumulto directamente hacia los cuerpos de los detenidos. También lanzaron gases lacrimógenos. Después de reducirlos, los golpearon con elementos contundentes y los obligaron a amontonarse en un rincón del pabellón.

La acusación señala que varios internos quedaron apilados unos sobre otros, sin margen para defenderse. En esa situación habrían recibido golpes, disparos a corta distancia y gas pimienta.

Uno de los pasajes más duros se vivió en la celda 10, donde nueve detenidos se metieron para escapar de la golpiza. Los penitenciarios les tiraron gas pimienta por la mirilla de la puerta y también desde una ventana que daba al patio.

El expediente relata que los presos empezaron a gritar y a pedir que pararan porque no podían respirar. Uno de ellos, desesperado, llegó a meter la cabeza en el inodoro para intentar calmar el ahogo.

El Cuerpo Médico Forense comprobó lesiones en quince internos: fracturas, heridas cortantes, hematomas y traumatismos. Los médicos de guardia que actuaron durante el procedimiento, en cambio, habrían omitido hacer exámenes físicos adecuados y dejaron asentado en sus informes que varios detenidos no tenían lesiones visibles.

Cuatro días de encierro, sin comida y con ratas

La investigación también apuntó a lo que vino después de la requisa. Entre el 10 y el 13 de junio se aplicó un régimen de «sectorización» que, según la acusación, funcionó como un castigo colectivo para todos los internos del pabellón.Los detenidos quedaron encerrados en sus celdas, con salidas restringidas y sin recibir con regularidad las cuatro raciones diarias de comida. Las bandejas eran dejadas en el piso del pabellón, fuera del alcance de los presos. El fallo describe que algunos veían cómo las ratas comían los alimentos que no podían alcanzar.

A eso se sumaron la falta de luz artificial, la suciedad, los sanitarios tapados y las duchas fuera de servicio.

La situación recién cambió el 13 de junio, cuando llegó una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Sus integrantes comprobaron en persona el estado de los detenidos, que pedían comida y agua.

Quiénes se sentarán en el banquillo y por qué delitos

La elevación a juicio abarca a los distintos responsables que, siempre según la acusación, participaron en los hechos:

• Torturas, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos: los integrantes del Comité de Seguridad de la Unidad Residencial III y el director de esa unidad, por su intervención en el régimen de sectorización.
• Omisión de evitar torturas: Pedro Avelino Insaurralde, por entonces máxima autoridad del Complejo Penitenciario Federal I.
• Falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas: los médicos Martín Perisset y Fernando Guillermo Troisi, por los informes médicos cuestionados y por no haber denunciado los hechos.
• Falsificación de documentos públicos: cuatro agentes vinculados con la confección de las actas que dieron inicio al procedimiento.

Por qué el juez desestimó los planteos de las defensas

Para rechazar las oposiciones, Rodríguez Ponte consideró que los argumentos de los abogados ya habían sido analizados por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que el 18 de julio de 2025 confirmó la mayor parte de los procesamientos.

El magistrado sostuvo que las defensas no aportaron elementos novedosos con entidad suficiente para modificar aquella decisión y subrayó que la investigación no se apoya solo en los testimonios de las víctimas.

En uno de los tramos de la resolución, el juez afirmó que «el marco probatorio reunido resulta sustancialmente más amplio que los testimonios de las víctimas de autos».

Y agregó que no advertía «que las defensas hayan aportado elementos novedosos con la entidad probatoria suficiente» para torcer las decisiones anteriores.

Por eso concluyó que correspondía avanzar hacia el debate oral y público, la instancia donde se deberá determinar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.

En otro tramo, el juez sobreseyó a Ariel Nicolás Martínez y Matías Alejandro Acosta, integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS). Tanto la acusación como la Cámara habían considerado que su intervención se limitó a apagar el incendio y ventilar los ambientes, sin pruebas de que hayan participado de las agresiones contra los internos.

Finalmente, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de los imputados.

La causa será sorteada para su tratamiento ante un Tribunal Oral Federal de La Plata.