550 heridos, 6 detenidos y una denuncia penal: quiénes quedaron en la mira por el operativo frente al Congreso

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente al Gobierno nacional por el operativo de las fuerzas federales durante la marcha universitaria frente al Congreso, en la que también se cuestionó el DNU 70. La presentación apunta al Comando Unificado de seguridad nacional y porteño y sostiene que los efectivos "excedieron los límites de la normativa vigente en el uso de la fuerza".

La denuncia fue presentada el viernes por la noche y a ella accedió este medio. Además, se abrió un expediente judicial para pedir informes a la Defensoría General de la Nación y al SAME, y se reclamaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las grabaciones de las cámaras y domos del perímetro céntrico.

Qué delitos se imputan

Según el texto, las conductas de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, PSA y la Policía de la Ciudad configurarían "delitos de acción pública, cuya autoría y participación corresponde ser investigada mediante las conductas de los funcionarios, efectivos policiales y autoridades nacionales en el ejercicio de sus funciones".

El encuadre concreto incluye estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El primero se sostiene en la represión indiscriminada con postas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes; los otros dos, en las órdenes impartidas por fuera de la normativa y en violación de los principios que regulan el uso de la fuerza.

"Tales conductas ostentan una coordinación que permite establecer que sus acciones fueron ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento y voluntad del ejercicio de la coerción por fuera del marco normativo e incumpliendo con los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina", señala la presentación.

El operativo y el saldo

El procedimiento se desató cerca de las 15, cuando cientos de efectivos de la Policía Federal y Gendarmería avanzaron sobre parte de los manifestantes. La arremetida obligó a los dirigentes universitarios a interrumpir el discurso que daban desde el escenario frente al Congreso y derivó en la desconcentración de la movilización.

De acuerdo con el mismo organismo, 550 personas resultaron heridas o afectadas por gases lacrimógenos, gas pimienta y postas de goma, y debieron ser atendidas en el lugar. La denuncia también registra "al menos 6 personas detenidas arbitrariamente" por la Policía porteña durante la desconcentración.

Los pedidos que acompañan la denuncia

La CPM reclamó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades:

Ministerios de Seguridad de Nación y CABA: nómina del personal y recursos utilizados durante el operativo, con cantidad de efectivos por fuerza, armamentos, vehículos e instrumentos.

Órdenes de actuación: copias de las instrucciones impartidas por los mandos superiores a través de la radio policial durante la represión.

Registro de manifestantes: información sobre los policías que obtuvieron registros fílmicos y fotográficos de los manifestantes y sobre la existencia de órdenes judiciales que autorizaran ese procedimiento.

Relevamiento de pruebas: que la recopilación de pruebas, testimonios y videos en comercios de la zona quede a cargo de agentes del Juzgado o de la Fiscalía interviniente, y no de las fuerzas de seguridad denunciadas.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: copias de todas las grabaciones de domos y cámaras ubicados en el perímetro delimitado por Rivadavia, Callao, Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, entre las 12 y las 21.

Defensoría General de la Nación y SAME: informe sobre posibles denuncias o registros de heridos durante la jornada y un listado de todas las atenciones médicas realizadas.