58 paradas de colectivos destrozadas en la Capital: ya hay denuncias y buscan a los responsables

El Municipio de San Miguel de Tucumán puso en marcha una estrategia para identificar y sancionar a los responsables de los daños registrados en 58 refugios de colectivos vandalizados en distintos puntos de la Capital. La medida se apoya en un relevamiento oficial que detectó el deterioro de las estructuras y derivó en una serie de denuncias penales ante el Ministerio Público Fiscal.

El funcionario municipal González explicó que el operativo incluye el seguimiento permanente de los hechos, la recopilación de elementos probatorios y la búsqueda de información para determinar cuándo ocurrieron los ataques y quiénes participaron. "El relevamiento ha permitido conocer qué tipo de daños han sufrido, en qué fecha se estima que han ocurrido también estos daños y con ese material nosotros desde esta Municipalidad hemos realizado diferentes denuncias penales en el ámbito del Ministerio Público Fiscal", detalló.

Según el relevamiento finalizado el 10 de septiembre por la Dirección de Gerencia de Datos, los daños se concentran principalmente en vidrios destruidos y cartelería arrancada, que en conjunto representan casi nueve de cada diez casos registrados. La cifra equivale aproximadamente al 9% de las paradas analizadas.

Los barrios del sur, los más golpeados

San Miguel de Tucumán cuenta con 643 refugios, de los cuales 605 son convencionales y 37 corresponden a los denominados refugios inteligentes. Entre los primeros, el porcentaje de vandalización alcanzó el 9,3%, mientras que entre los segundos llegó al 5,4%.

La mayor incidencia se observó en el distrito 15, que comprende Villa Alem, Ampliación Villa Alem y Villa Amalia. Allí fueron encontrados 15 refugios dañados sobre un total de 68, por lo que el 22,1% de las estructuras instaladas en ese sector presenta algún tipo de afectación. "Hay lugares no solo que son recurrentes, sino también que concentran la mayor parte de daños a bienes públicos", indicó González, quien mencionó específicamente a los barrios ubicados en el sur de la Capital.

Denuncias y un doble perjuicio

El funcionario indicó que "en muchos de los casos han sido identificados los protagonistas y, más distintos elementos de prueba, hemos formulado la denuncia correspondiente, y en todos los casos ha intervenido el Ministerio Público Fiscal". Aclaró que el relevamiento tiene carácter permanente y abarca hechos registrados a lo largo del año, por lo que ante cada nuevo daño se intentará establecer el momento en que ocurrió y la eventual existencia de responsables imputables.

En paralelo, el Municipio deberá avanzar con la reparación de los elementos afectados. Para González, los actos de vandalismo generan un doble perjuicio: obligan al Estado municipal a destinar nuevamente recursos para recuperar infraestructura que ya había sido instalada y, al mismo tiempo, privan a los vecinos de bienes y servicios públicos. "Además del doble costo que implica tener que reparar esos artefactos y bienes que ya han sido establecidos, también es un daño directo a cada uno de los ciudadanos que usan y que precisan también de esos bienes y de esos servicios", advirtió.

Causas que ya llegaron a la Justicia

González recordó que algunas de las denuncias formuladas por el Municipio ya tuvieron avances en sede judicial. Entre ellas mencionó una investigación que tomó estado público meses atrás y en la que una persona resultó imputada. "La más conocida ha sido una investigación que ha tomado estado público meses atrás, donde se ha imputado a una persona", señaló. No obstante, aclaró que el Municipio no recibió posteriormente información oficial sobre el estado de esa causa: "Luego de ello no hemos tenido conocimiento oficial de cómo ha finalizado esa tramitación".

Frente a esta situación, el funcionario sostuvo que el Municipio buscará combinar las actuaciones judiciales con acciones de concientización y reclamó la colaboración de otros organismos estatales. "Lo que nosotros buscamos es concientizar sobre lo que implica dañar un bien de este tipo y también pedirles a los distintos resortes institucionales, a los distintos poderes del Estado y sobre todo a la Justicia, que nos ayuden como Municipio a evitar que este tipo de actos se sigan produciendo", afirmó.

El camino frente a los nuevos episodios será continuar documentando los daños, aportar las pruebas disponibles y recurrir al Ministerio Público Fiscal cuando existan elementos que permitan impulsar una investigación, mientras las áreas municipales avanzan en la recuperación de la infraestructura afectada.