637 comercios dieron de baja su licencia en Santa Cruz: qué pasa con las deudas y los créditos

La situación de los comercios y las pequeñas empresas de Santa Cruz sigue en rojo. Un informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) reveló que entre 2025 y agosto de 2026 se tramitaron 637 bajas de licencias comerciales en la provincia, en un contexto de caída de ventas, endeudamiento y dificultades crecientes para sostener los negocios.

El dato corresponde a bajas administrativas de habilitaciones y, por sí solo, no permite establecer cuántas empresas cerraron definitivamente ni cuántos puestos de trabajo se perdieron. Aun así, funciona como una señal del deterioro que vienen denunciando las entidades empresariales.

En paralelo, el Gobierno provincial mantiene vigente la Ley 3996 de Emergencia Comercial, Industrial y Pyme, que contempla la suspensión de ejecuciones fiscales provinciales, planes de regularización de deudas y alternativas de financiamiento. La pregunta que empieza a instalarse es si esas herramientas llegan a los comercios que las necesitan.

Ventas en caída y rubros golpeados

El último Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE), elaborado por la FESC, registró en agosto de 2026 una caída interanual del 4,6% en la actividad comercial y de servicios relevada. El indicador mostró una mejora mensual desestacionalizada del 0,4%, pero el acumulado de los primeros ocho meses del año presentó una contracción del 7,9%.

El informe también permite ver qué rubros sufrieron más la pérdida de dinamismo. Alimentos y bebidas cayó un 9,6% interanual; farmacias y perfumerías, un 9%; los servicios, un 3,6%; y el conjunto de ferreterías, construcción, bazar, hogar y muebles, un 0,1%.

El único de los cinco grandes grupos relevados que logró una variación interanual positiva fue calzado, indumentaria y textiles, con un 2,6%. Los datos reflejan realidades distintas según el rubro, pero comparten una misma preocupación: la capacidad de los consumidores para sostener sus gastos y la de los comercios para afrontar sus costos fijos.

La medición de la FESC se construye con información histórica y encuestas a establecimientos formales, con un diseño no probabilístico. Es un indicador empresarial de la actividad comercial y de servicios, no una medición oficial del producto bruto provincial.

El empleo, otro frente de alerta

La preocupación también alcanza al empleo. Durante el segundo trimestre de 2026, la desocupación en Río Gallegos llegó al 8,8%, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. El porcentaje superó el promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados en el país (7,9%) y el de la región patagónica (6,3%).

La cifra refleja la situación general del mercado laboral de Río Gallegos, no exclusivamente la del comercio. Para saber cuántas personas perdieron su empleo específicamente en negocios y pequeñas empresas hace falta información sectorial adicional.

Los empresarios vienen advirtiendo sobre esta situación desde comienzos de año. En marzo, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, Leandro Fadul, explicó a Radio Nuevo Día que la declaración de emergencia era una herramienta de alivio, pero no resolvía las dificultades estructurales del sector. El dirigente mencionó la pérdida de capacidad de compra de las familias, las obligaciones impositivas, el costo de funcionamiento de los locales y la necesidad de recuperar las ventas.

En septiembre, cámaras y representantes empresariales volvieron a reunirse para analizar la situación de los negocios santacruceños y reclamar medidas que permitan sostener la actividad y evitar nuevas pérdidas de empleo.

Qué contempla la emergencia comercial

La Ley Provincial 3996 declaró la Emergencia Comercial, Industrial y Pyme en todo el territorio de Santa Cruz hasta el 31 de diciembre de 2026. La normativa fue sancionada el 19 de febrero, promulgada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 3 de marzo. Luego fue reglamentada mediante el Decreto 453/2026.

Su objetivo es ofrecer herramientas para regularizar obligaciones y aliviar la situación financiera de pequeños y medianos establecimientos. Entre sus principales disposiciones está la suspensión del inicio y la continuidad de ejecuciones fiscales provinciales para los contribuyentes comprendidos en la emergencia.

La medida no elimina las deudas, pero busca evitar que determinadas acciones de cobro comprometan todavía más el funcionamiento de los establecimientos. Además, la ley instruye a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), Servicios Públicos Sociedad del Estado y Distrigas a instrumentar planes especiales de regularización.

Planes de pago de hasta 60 cuotas

Una de las herramientas reglamentadas es el régimen de regularización del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aprobado por la ASIP mediante la Resolución 91/2026. El programa permite incluir obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2026, incluso cuando se encuentran en instancia administrativa o judicial.

Los contribuyentes pueden optar por cancelar la deuda al contado o ingresar a planes de pago de entre 3 y 60 cuotas. El pago al contado contempla la quita total de los intereses resarcitorios y la condonación de las multas comprendidas en el régimen.

En los planes financiados, las quitas varían según la cantidad de cuotas elegidas. Los planes de hasta 12 cuotas contemplan una reducción del 80% de los intereses resarcitorios y multas, mientras que en los de 60 cuotas la quita es del 30%. El régimen establece una tasa de financiación efectiva anual del 25% y anticipos que varían según el plazo seleccionado.

La adhesión no es automática: requiere cumplir las condiciones de la ley, presentar la documentación correspondiente y obtener la aprobación de ASIP.

Prorrogaron el plazo para adherirse

La ASIP dictó además la Resolución 123/2026, publicada el 8 de septiembre, mediante la cual prorrogó por 60 días corridos el período para ingresar al régimen especial. La decisión amplió las posibilidades de acceso para contribuyentes que todavía no habían completado el procedimiento.

Para iniciar la gestión, los interesados deben contar con el certificado de inclusión en la emergencia emitido por el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria. La solicitud puede realizarse mediante el Sistema Integral Tributario (SIT) de ASIP, siguiendo los pasos y requisitos publicados por el organismo.

Beneficio para prestadores turísticos

Otra disposición relevante fue publicada en septiembre y alcanza a uno de los sectores económicos importantes de la provincia. Mediante la Resolución 303/2026, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria eximió a los prestadores turísticos del pago del arancel anual de mantenimiento de inscripción en el Registro Provincial de Actividades Turísticas.

El beneficio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y alcanza a las actividades comprendidas en el registro. Quienes ya habían abonado el arancel correspondiente a 2026 pueden solicitar que ese importe se acredite a cuenta de futuras obligaciones, según las condiciones establecidas por la resolución.

La medida no elimina los requisitos de inscripción, actualización de datos ni las obligaciones de seguridad y habilitación que deben cumplir los prestadores.

Créditos de hasta 70 millones de pesos

El Gobierno provincial presentó también durante octubre tres líneas de crédito para comerciantes, emprendedores y proyectos productivos, con montos que pueden alcanzar los 70 millones de pesos. Las alternativas fueron expuestas el miércoles 7 de octubre en Río Gallegos, durante una reunión encabezada por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, y el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich.

Según la información oficial, las herramientas buscan acompañar diferentes etapas de los proyectos, desde su puesta en marcha hasta la ampliación o recuperación de la actividad. Los créditos están sujetos a requisitos y evaluaciones particulares: el anuncio de los montos máximos no equivale a una aprobación automática ni permite conocer cuántos negocios ya recibieron financiamiento.

Qué falta para saber si las medidas funcionan

El principal desafío es determinar qué resultados concretos están teniendo las políticas de asistencia. La provincia cuenta con una ley vigente, un régimen de regularización impositiva, beneficios para determinados prestadores y nuevas alternativas crediticias.

Sin embargo, los documentos oficiales examinados no permiten establecer cuántos comercios obtuvieron el certificado de emergencia, cuántos consiguieron refinanciar sus obligaciones ni cuántos puestos de trabajo se preservaron mediante esas herramientas. Tampoco se encontró un balance público consolidado que permita comparar los establecimientos asistidos con las bajas de licencias comerciales registradas durante el período.

La comisión de seguimiento, sin confirmación de actividad

La Ley 3996 dispuso la creación de una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Comercial, Industrial y Pyme. El organismo debe reunirse mensualmente y contar con representantes del Gobierno provincial, la Legislatura, organismos fiscales, entidades empresariales y el Sindicato de Empleados de Comercio. Su función es monitorear la evolución de la situación y proponer medidas adicionales cuando resulten necesarias.

En abril, la Cámara de Diputados solicitó formalmente al Poder Ejecutivo avanzar en su conformación. Posteriormente, una resolución legislativa designó a los representantes parlamentarios que debían integrarla. No obstante, la designación de integrantes no permite confirmar que la comisión esté reuniéndose regularmente ni que haya producido informes públicos de seguimiento.

El reclamo que también apunta a Nación

Uno de los planteos formulados por las entidades empresariales es conseguir una respuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La suspensión de ejecuciones fiscales prevista por la ley provincial no implica automáticamente que se detengan los procedimientos de cobro de impuestos nacionales. Por eso, los representantes comerciales vienen reclamando que se evalúen mecanismos específicos para aliviar las obligaciones nacionales de los establecimientos afectados.

El panorama también presenta diferencias entre localidades. En Río Gallegos, el consumo de los hogares y la situación del empleo tienen un peso importante sobre las ventas. En otras regiones, las cámaras empresariales vinculan las dificultades comerciales con la menor actividad hidrocarburífera, la construcción o el turismo.

Por otra parte, el Gobierno provincial informó el 4 de octubre que continúa trabajando con municipios y cámaras comerciales para mejorar las herramientas disponibles, completar relevamientos territoriales y desarrollar nuevos canales de comercialización. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran un catálogo de producción local y la reglamentación del Sello de Origen Santacruceño.

La recuperación depende de algo más que refinanciar deudas

El escenario comercial santacruceño también está atravesado por la evolución del consumo nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas pyme del país crecieron apenas un 0,3% interanual durante septiembre, mientras que retrocedieron un 1,2% frente a agosto. Es una medición nacional que no puede trasladarse directamente a Santa Cruz, pero ofrece contexto sobre las dificultades de recuperación del consumo.

Para las pequeñas empresas, refinanciar obligaciones puede aliviar temporalmente la situación financiera. Sin embargo, sostener el funcionamiento también requiere ventas suficientes para cubrir salarios, alquileres, servicios y reposición de mercadería.

La continuidad de la emergencia hasta diciembre abre una etapa en la que será importante conocer no solamente las medidas anunciadas, sino también cuántos establecimientos lograron acceder, cuáles siguen en dificultades y qué ocurrió con el empleo. Ese balance permitirá determinar si las herramientas disponibles están alcanzando sus objetivos o si resulta necesario avanzar con nuevas respuestas para el sector comercial santacruceño.