750 empleos mendocinos en la mira: la empresa pidió auxilio y Cornejo le cerró la puerta

La firma Stratton Argentina S.A., que opera comercialmente como Konecta, encendió una alarma en el Gobierno de Mendoza: según su planteo, 750 puestos de trabajo formales quedaron en riesgo por un conflicto en torno al convenio colectivo que debe regir a sus empleados. La compañía buscó que el Ejecutivo provincial interviniera, pero el gobernador Alfredo Cornejo rechazó el pedido.

La negativa quedó asentada en el Decreto 1812, firmado el 31 de agosto y publicado este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial de Mendoza. El texto deja al descubierto que la empresa había formalizado su reclamo el 16 de enero de 2025 por intermedio de su representante, Javier Bos, con una presentación que describía un escenario de gravedad institucional para su operatoria en la provincia.

El nudo: qué convenio le corresponde a un call center

Konecta se dedica a brindar servicios de atención telefónica para otras compañías. La disputa pasa por el encuadramiento convencional: qué convenio colectivo de trabajo debe aplicarse a su plantel. La firma cuestionó el criterio que venía sosteniendo la Justicia laboral mendocina, al entender que no contempla las particularidades de su actividad como centro de contacto.

De acuerdo con lo expuesto por la empresa, esas interpretaciones judiciales generan condiciones que afectarían su capacidad para seguir operando en Mendoza. Sostuvo, además, que el criterio pone en discusión el sistema de tercerización de servicios y produce una contingencia laboral que, a su juicio, amenaza tanto su crecimiento como la continuidad de los puestos de trabajo.

El planteo no era menor: el encuadramiento convencional define las condiciones laborales y salariales de una actividad y, por lo tanto, puede traducirse en consecuencias económicas para las empresas. Konecta también objetó que, según su lectura, la Justicia mendocina aplicara un criterio excepcional respecto del que rige para este tipo de compañías en el resto del país. Ese punto fue presentado como uno de los factores que pondrían en peligro los 750 empleos que la firma declaró mantener en la provincia.

El fallo de la Suprema Corte que cambió el escenario

Mientras el reclamo administrativo avanzaba, se produjo una decisión judicial clave. El 1 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió que a las empresas de call center que realizan atención telefónica para compañías del sector de las telecomunicaciones les corresponde el convenio colectivo 781/2020.

Esa resolución quedó mencionada de forma expresa en los fundamentos del decreto provincial y resulta central para entender por qué el Ejecutivo desestimó la presentación de Konecta.

La respuesta del Gobierno: no hay facultades para intervenir

La administración provincial argumentó que el Gobierno de Mendoza no tiene atribuciones para modificar, revisar ni influir en las decisiones de los tribunales. Para respaldar esa postura invocó el artículo 170 de la Constitución de Mendoza, que veda al gobernador y a los funcionarios ajenos al Poder Judicial intervenir en causas judiciales.

El decreto sostiene que cualquier controversia sobre el convenio colectivo aplicable a los trabajadores debe discutirse y resolverse dentro de la Justicia, sin participación del Ejecutivo en las decisiones jurisdiccionales. Con ese argumento, Cornejo rechazó formalmente el reclamo de Stratton Argentina S.A. y dejó sin lugar la pretensión de que la Provincia interviniera en la disputa por el encuadramiento laboral.

El expediente permite dimensionar el conflicto, aunque el documento oficial no informa que se hayan producido despidos ni que la compañía haya dispuesto el cierre de sus instalaciones. Los 750 puestos de trabajo corresponden a la cantidad de empleos cuya continuidad la propia empresa manifestó que estaba en riesgo: una advertencia que quedó incorporada al expediente administrativo y que el Gobierno respondió con el rechazo de su solicitud.