8 mil causas frenadas en dos juzgados federales: la pregunta que incomoda a la Justicia

La diputada provincial Lionella Cattalini reclamó que se investigue qué pasó con cerca de ocho mil expedientes que quedaron sin avance en los juzgados federales de Rosario que estaban a cargo de Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros. Para la legisladora, ese número obliga a revisar el papel de la Justicia Federal en los años más duros de la violencia narco en la ciudad.

“Durante años nos preguntamos cómo pudo crecer tanto el narcotráfico, cómo pudieron consolidarse determinadas organizaciones criminales y cómo Rosario llegó a atravesar los niveles de violencia que vivimos. Saber ahora que miles de expedientes permanecieron frenados en esos juzgados necesariamente nos obliga a mirar hacia atrás. Acá puede haber una parte importante de esa explicación”, sostuvo.

¿Desidia o intencionalidad?

Cattalini planteó que no todos los casos pueden analizarse igual. El paso de un sistema a otro, la desidia, la falta de control o la propia inoperancia judicial pueden explicar parte del atraso. Pero advirtió que también hay que determinar si hubo “investigaciones relevantes que fueron deliberadamente cajoneadas”.

“No podemos meter todo en la misma bolsa. Pero tampoco podemos aceptar que semejante cantidad de expedientes se explique como un simple problema administrativo. Hay que revisar qué investigaciones quedaron frenadas, durante cuánto tiempo y a quiénes beneficiaron esas demoras. Tenemos que saber cuánto hubo de inoperancia y cuánto de intencionalidad”, afirmó.

El antecedente de Bailaque

La legisladora viene siguiendo hace años el funcionamiento de la Justicia Federal rosarina y fue denunciante del ex juez Marcelo Bailaque. En ese marco, también cuestionó las dilaciones que demoran la llegada a juicio de una de las investigaciones más graves contra el exmagistrado.

“Con Bailaque vemos cómo funciona este mecanismo. Después de todo lo que conocimos, aparecen una y otra vez maniobras dilatorias para evitar que llegue a juicio. El paso del tiempo no puede volver a convertirse en una forma de impunidad”, señaló.

Para Cattalini, el problema excede las responsabilidades individuales y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de una Justicia Federal que durante años tuvo un papel central en la persecución del narcotráfico, la corrupción y el delito económico.

“Cuando la Justicia no investiga, cuando una investigación duerme durante años o cuando los controles no funcionan, alguien se beneficia. La impunidad a veces necesita una decisión deliberada y otras veces se alimenta de la desidia. Las dos cosas son graves y tenemos que saber qué ocurrió acá”, sostuvo.

“Mientras Rosario ardía, miles de expedientes dormían en los juzgados que tenían que investigar buena parte de los delitos que estaban detrás de esa violencia. No podemos mirar ese dato como una casualidad. Ahí puede haber una parte de la explicación de lo que nos pasó. Y tenemos derecho a conocerla”, concluyó.