800.000 toneladas de residuos tóxicos, entre ellos arsénico y plomo, siguen a metros del Paraná. Un fallo de la Cámara acaba de dejar sin efecto la orden que obligaba a la empresa a empezar a contenerlos. Qué argumentó el juez y quiénes deberían pagar las obras.
El camarista rosarino Javier Beltramone hizo lugar a la apelación de Ar Zinc y dejó sin efecto la resolución que obligaba a la empresa a iniciar de inmediato el saneamiento y la contención ambiental en su predio de Fray Luis Beltrán. La decisión revoca por completo el fallo de primera instancia y devuelve el expediente al fuero civil y administrativo.
La planta ocupa 50 hectáreas entre la Ruta Nacional 11 y el río Paraná. Allí, hasta hace una década, se producían lingotes de zinc electrolítico y ácido sulfúrico. En el terreno quedaron unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos sin ninguna medida preventiva: jarosita, plomo, cadmio y arsénico que se filtran a las napas y drenan hacia el río.
Qué ordenaba el fallo que quedó sin efecto
El 25 de septiembre pasado, el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini había aceptado el pedido de la fiscalía y le exigió a Ar Zinc estabilizar la barranca, contener los depósitos de jarosita y presentar un cronograma de obras de remediación en un plazo máximo e improrrogable de ocho meses, con reportes cada quince días y cerramiento perimetral de la planta.
La empresa, patrocinada por el abogado Jorge Resegue, apeló. Sostuvo que la Justicia Penal invadía competencias técnicas, alteraba plazos de contratos ya firmados —los ingenieros calculaban once meses de obra— y reclamaba soluciones ambientales que ni siquiera el Ministerio de Ambiente provincial había definido. Beltramone adoptó ese razonamiento.
El argumento de la Cámara
Para el camarista, la cautelar de Romanini impuso «una estructura de prestaciones de significativa complejidad» que excede la órbita del fuero penal. La medida, escribió, «terminó por trasladar a una incidencia penal la programación, dirección y supervisión de tareas que demandan aprobaciones administrativas, decisiones de ingeniería y verificación permanente», y todo eso sin «una justificación técnica suficiente».
La resolución de segunda instancia se apoya en cuestiones de forma mientras los efectos ambientales siguen su curso. El escrito señala que el fiscal Maximiliano Nicosia, avalado por Romanini, no logra precisar qué delito cometió la empresa —desobediencia o contaminación— ni quiénes serían los directivos imputables. Y va más allá: «No cabe equiparar sin mayor examen el incumplimiento de deberes ambientales con la comisión de un ilícito penal».
Beltramone aclara que su fallo «no minimiza el peligro ambiental ni dispensa a Ar Zinc del cumplimiento de sus deberes». Según su criterio, cualquier orden y plazo para frenar la contaminación debe fijarlo el juez civil que tramita un amparo por el mismo motivo desde 2020, sin resultados hasta ahora. También remite las definiciones técnicas y legales al Ministerio de Ambiente y a la Secretaría de Recursos Hídricos.
Glencore, Vila-Manzano y nadie que se haga cargo
La remediación, severa según alertaron numerosos especialistas, choca con la reticencia empresaria a asumir el compromiso que fija la ley. Las obras necesarias son millonarias y nadie quiere pagarlas.
El pasivo se generó bajo la órbita de la multinacional Glencore, dueña de Ar Zinc entre 2005 y el cierre de la planta en 2016. En 2021 la firma pasó a manos de Integra Capital, el grupo que lidera José Luis Manzano y que nuclea las inversiones del consorcio Vila-Manzano en petróleo, gas, uranio, litio y energía eléctrica a través de Edenor.
Desde el municipio de Fray Luis Beltrán y la querella advierten que Integra Capital absorbió los terrenos y activos comprometiéndose con el pasivo, pero que Glencore conserva una responsabilidad solidaria en el plano civil y penal por el daño acumulado durante décadas. Las dos deberían responder. Ninguna lo hace.
Cómo llegó el caso a la Justicia
El conflicto se judicializó en el fuero penal cuando Nicosia pidió una medida cautelar innovativa —cese de estado antijurídico— ante el riesgo inminente de desmoronamiento de la barranca lindera al Paraná y la posibilidad de que los depósitos de jarosita se filtren al río. El fiscal argumentó que el fenómeno de El Niño elevaba el peligro por las lluvias intensas previstas y el aumento del nivel del agua.
Romanini aceptó el planteo en septiembre. Ahora, con la revocación dispuesta por la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, esa orden quedó desactivada y la pelota vuelve al fuero civil, donde el amparo ambiental espera definiciones desde hace años.
