850 mil firmas quedaron afuera del expediente y ahora van contra el juez Baric
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850 mil firmas quedaron afuera del expediente y ahora van contra el juez Baric

Las organizaciones ambientales denuncian que sus pruebas y las 850 mil firmas nunca entraron al expediente que inició La Pampa. Ahora le piden al juez Baric que dé marcha atrás con dos decisiones que, según ellos, dejan el reclamo en un callejón sin salida.

Las organizaciones ambientales que buscan frenar la reforma de la Ley de Glaciares redoblaron la presión sobre el juez federal Juan José Baric. FARN, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que el magistrado dé marcha atrás con dos decisiones que, según denuncian, dejan al reclamo en un callejón sin salida: el archivo de un escrito clave y la restricción total del acceso al expediente.

El planteo no es menor. Las entidades sostienen que sus argumentos jurídicos, la prueba técnica y las más de 850.000 firmas que respaldan la demanda colectiva nunca fueron incorporados al expediente electrónico de la causa que inició La Pampa. Si Baric rechaza el pedido, solicitaron que la decisión pase a revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Un amparo que espera respuesta desde mayo

La acción de amparo ambiental colectivo, caratulada como expediente Esquivel (FBB 5866/2026), se presentó el 5 de mayo de 2026 ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. La impulsaron asambleas socioambientales y organizaciones de la sociedad civil con un doble objetivo: declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y suspender su aplicación en todo el país.

Según el relato de los letrados, el expediente acumula meses de demora y dos pedidos de pronto despacho, en agosto y septiembre. Recién el 8 de octubre el juez declaró la conexidad de la causa con el expediente pampeano. Un mes después, el 12 de noviembre, ante un escrito que reclamaba resolver las cautelares sin atarlas al trámite de La Pampa, Baric respondió que la presentación había sido archivada sin tratamiento, ordenó restringir la totalidad del expediente y remitió a los demandantes a litigar en la causa provincial.

"Denegación de Justicia"

Los asesores letrados de las ONGs no ahorraron críticas. "Medio año después de su presentación, el juez federal (Baric) todavía mantiene sin respuesta las medidas cautelares urgentes solicitadas para evitar daños ambientales irreversibles, y no se ha pronunciado sobre el planteo de inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares", señalaron.

Y agregaron: "A esta falta de respuesta se suma una serie de decisiones procesales arbitrarias que ponen en riesgo el avance de la demanda colectiva, dejan al expediente en estado de incertidumbre y generan una situación de denegación de Justicia".

Para las organizaciones, el problema de fondo es que la acumulación con la causa de La Pampa funciona como un atajo formal. "No debería convertirse en un atajo formal para dejar sin revisar una demanda con fundamentos, partes y pruebas específicas que nunca fueron evaluadas", advirtieron. En ese expediente, detallaron, hay documentación técnica sobre amenazas concretas en la cordillera, como los riesgos que el proyecto minero Vicuña —incorporado al RIGI— representa para el glaciar de escombros GE110, en San Juan.

"Hoy, en términos operativos, el reclamo colectivo en defensa de los glaciares quedó en una situación de incertidumbre judicial, sin garantías claras de que sea efectivamente tratado", remarcaron, y calificaron esa situación como "inaceptable en un estado de Derecho".

El reclamo de los abogados es concreto: una explicación inmediata del juez federal y que se dé lugar a la protección del agua pedida por 850 mil personas. "En materia ambiental, el tiempo procesal no es neutro: cada mes sin tutela judicial efectiva expone ecosistemas glaciares y periglaciares a intervenciones irreversibles", cerraron.

El camino que ya abrió La Pampa

Mientras la demanda colectiva de las ONGs queda empantanada, la causa pampeana avanza por otro carril. A fines de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca concedió el recurso extraordinario federal que presentaron el Gobierno de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos.

La decisión la tomó la Sala II el 29 de octubre. Los jueces entendieron que los planteos involucran la interpretación de normas federales y garantías constitucionales vinculadas a la protección ambiental, lo que habilita la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá resolver ahora si admite el recurso y revisa el rechazo de la cautelar que buscaba frenar la aplicación de la nueva norma.

Conviene aclarar un punto: la concesión del recurso no implica que la Corte ya haya aceptado el planteo ni que la reforma haya quedado suspendida.

El recorrido judicial, paso a paso

La Provincia, la UNLPam y las dos organizaciones ambientales presentaron un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para cuestionar la constitucionalidad de la reforma y evitar que se reduzcan los niveles de protección de los glaciares y del ambiente periglacial fijados por la Ley 26.639.

El 8 de mayo de 2026, Baric rechazó la medida cautelar que pedía frenar la aplicación de la reforma, aunque admitió el trámite del amparo: no desestimó la demanda principal, solo el pedido de suspensión provisoria de la ley. La Pampa apeló y el 29 de septiembre la Sala II de la Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó el recurso. Después, la Provincia y las organizaciones presentaron el recurso extraordinario federal que ahora fue concedido por los mismos jueces y que llevará la discusión a la Corte Suprema.

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