91 jueces porteños salieron con un comunicado que incomoda a Jorge Macri

Un total de 91 magistrados e integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un comunicado para expresar su "repudio" y "preocupación" por las declaraciones del gobierno porteño de Jorge Macri y por el pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis.

La jueza, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, fue cuestionada por una sentencia del 21 de septiembre en la causa caratulada "M.I.A. y otros s/ art. 164 – Robo y otros". Según fuentes judiciales, la velocidad con la que se organizó el respaldo y la cantidad de firmas reunidas son poco frecuentes en el ámbito local.

El fallo que desató el conflicto

En su resolución, De Marinis aplicó el control de constitucionalidad y convencionalidad bajo el modelo difuso que establece la Constitución Nacional. Así, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.801 para el caso concreto de un adolescente menor de 14 años, al considerar que la reducción de la edad de punibilidad es una medida regresiva respecto del sistema de protección integral de derechos.

La solicitud de inconstitucionalidad había sido impulsada por el Ministerio Público de la Defensa y contó con la adhesión del Ministerio Público Tutelar en representación del menor. La decisión generó la reacción del gobierno porteño y repercusiones políticas y periodísticas que derivaron en la iniciativa para enjuiciar a la magistrada.

El comunicado completo

"Expresamos nuestro más enfático repudio y profunda preocupación frente a las expresiones de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la decisión adoptada por la señora jueza Dra. Laura B. De Marinis y, en particular, frente a la presentación del pedido de juicio político en su contra como consecuencia del desacuerdo con el contenido de esa decisión jurisdiccional", señalaron los firmantes.

Los magistrados destacaron que las discrepancias con un fallo deben canalizarse por las vías procesales ordinarias y no mediante mecanismos disciplinarios o de remoción. "La legislación procesal pone a disposición de las partes los canales recursivos apropiados para obtener la revisión de tales decisiones por las instancias judiciales superiores; y, de hecho, en este caso el Ministerio Público Fiscal ya apeló el fallo en cuestión, lo cual demuestra que el propio sistema jurídico está utilizando, como corresponde, los mecanismos adecuados", precisaron.

El texto también advirtió sobre los riesgos institucionales de accionar contra un juez por el sentido de sus decisiones: "La promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial, que ha sido instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces, sino en amparo de los derechos y las garantías de las personas, para que no puedan ser avasalladas por ningún otro poder, dentro o fuera del Estado".

Para fundamentar su postura, citaron jurisprudencia internacional: "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la independencia judicial protege a quienes ejercen la magistratura frente a interferencias indebidas, y ha distinguido claramente entre los mecanismos destinados a revisar la corrección de una sentencia (recursos) y los procedimientos disciplinarios que tienen por objeto examinar la conducta de los jueces".

En el cierre, los firmantes manifestaron: "Rechazamos la intromisión y el acoso del Poder Ejecutivo, y exhortamos a las autoridades públicas a actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho".

Entre las firmas adherentes figuran los magistrados Juan José Albornoz, Karina Andrade, Javier Barraza, Andrea Danas, Ramiro dos Santos Freire, Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Pablo Mántaras, Víctor Trionfetti y Hugo Zuleta, entre otros.