Este viernes, por solicitud de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad de Monteros, le fue dictado la prisión preventiva para “Gabi”, acusado del robo a una escuela de Yonopongo, departamento Monteros.
Este viernes se realizó la audiencia correspondiente al control de la detención, formulación de cargos y pedido de coerción en contra de un hombre acusado de un importante robo de diferentes elementos de informática, pertenecientes a la Escuela nº 121, Dr. Ito Marcelo Rodríguez, de dicha localidad, objetos denunciados como sustraídos por las autoridades del establecimiento.
Se trata de un tal “Gabi”, de 41 años, quien resultó atrapado durante un allanamiento llevado a cabo por pedido de la fiscal García de Targa, que se realizó el miércoles último en un domicilio de la zona.
Acusación
Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Bernardo Sassi le reprochó al acusado que entre los días 13 y 14 de julio, rompió el candado del portón de acceso al establecimiento educativo.
Una vez dentro del mismo, rompió las cerraduras de la biblioteca y de una sala de profesores, para apoderarse de 23 netbooks del plan conectar igualdad provistas por el gobierno, un proyector y cinco tablets, para luego darse a la fuga.
La calificación legal es por el delito de robo agravado en despoblado.
Entre las evidencias reunidas, el representante del MPF afirmó que la fiscalía cuenta con las declaraciones de testigos que afirman que el imputado andaba por las calles del pueblo, ofreciendo a la venta netbooks y tablets del plan conectar igualdad.
Asimismo, indicó que durante el allanamiento realizado en el domicilio del hombre, fueron halladas 16 de las computadoras robadas, que quedaron secuestradas en el marco de la causa.
Medidas
Para cautelar el proceso, el auxiliar Sassi solicitó la prisión preventiva del acusado por el plazo de dos meses, invocando los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
“Se trató de un hecho grave, trascendente en el pueblo, que causó una gran indignación para su comunidad. Fueron robados elementos fundamentales para el estudio y aprendizaje de los niños, estudiantes de zonas rurales, que carecen de computadoras y acceso a internet, causándoles un gran perjuicio”, alegó el funcionario.
En su resolución, el juez interviniente aceptó parcialmente el requerimiento fiscal, otorgando la medida cautelar por el término de 30 días.