Un nuevo capítulo se suma a la tensión política en Argentina, esta vez con un fuerte tinte social. El dirigente social Juan Grabois denunció un violento allanamiento en el domicilio de Fernanda Miño, militante cercana a él y última responsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). Según Grabois, el operativo fue llevado a cabo de manera ilegal y con una violencia inusitada, generando un fuerte repudio en el sector.
Allanamiento y acusaciones
Durante la noche del martes, un grupo de policías encapuchados irrumpió en la vivienda de Miño en Villa La Cava. Según el relato de Grabois, los efectivos actuaron de manera violenta, golpeando a la dirigente social y a una de sus hijas. El dirigente de la UTEP responsabilizó directamente al Gobierno nacional por este hecho, asegurando que se trata de una escalada en la persecución política contra los movimientos sociales.
Grabois cuestionó la motivación del allanamiento, afirmando que la acusación por el robo de una moto es una excusa para perseguir a Miño. “A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada, entonces, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto”, denunció el dirigente.
FISU en la mira
El mensaje con el que Grabois informó sobre el allanamiento
La dirigente social Fernanda Miño ha estado en el centro de la escena política en los últimos meses debido a su rol en el Fondo de Integración Sociourbana (FISU). Este fondo, que destina miles de millones de pesos a obras en barrios vulnerables, ha sido objeto de una auditoría por presuntas irregularidades. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado pruebas concretas de corrupción.
Reacciones y consecuencias tras la denuncia del dirigente social
La denuncia de Grabois generó un fuerte impacto en el ámbito político y social. Diversas organizaciones y referentes sociales expresaron su solidaridad con Miño y condenaron el accionar policial.
Por su parte, el Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso. Sin embargo, las acusaciones de Grabois ponen en el centro de la escena la relación entre el Estado y los movimientos sociales, y generan interrogantes sobre el uso de la fuerza en este tipo de procedimientos.