Se ha iniciado en Perú una pantomima de juicio contra el presidente constitucional Pedro Castillo. La legalidad peruana se rompió cuando Castillo fue preso (sin retiro de inmunidad, sin vacancia legal, sin proceso, sin moción, sin votos) y usurpó su función su vicepresidenta, traicionando el mandato popular y ordenando una represión indiscriminada que costó la vida a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños. La represión no fue contra cualquiera: fue contra quienes habían votado a Castillo.
Castillo se presenta ante este escenario sin abogados, es decir, que eligió correctamente el camino de no prestarse a la pantomima. Asume lo que se llama un proceso de ruptura, cuando no vale la pena defenderse ante supuestos jueces que ya tienen decidida la condena. Nada mínimamente jurídico cabe esperar de personajes que no se inmutaron frente al indulto para un criminal de lesa humanidad, entre otras cosas responsable de la esterilización forzosa de cientos de miles de mujeres. Se les nota demasiado que ocultan bajo la toga el hacha del verdugo.
Castillo es el presidente constitucional del Perú, aunque esté preso. Lo es porque fue destituido por la fuerza y no por el derecho. El Congreso no tenía los votos para destituirlo constitucionalmente, y por eso fue vacado –como dicen en Perú- sin los votos necesarios. Esto lo dicen los constitucionalistas de la Pontificia Universidad Católica –que nunca parecieron ser partidarios del presidente- y también la Defensoría, además de probarlo la matemática.
Se inventaron hechos de corrupción contra Castillo, como contra Correa, Lula, Evo, Cristina, etc., pero con la particularidad en este caso de que la fiscal que comenzó a inventarlos fue más tarde destituida por liderar una organización criminal.
El presidente Castillo llega ante sus condenadores siendo presidente según la Constitución y acusado de una tentativa de rebelión, delito que el código penal define como alzarse en armas. Su rebelión consistió en pronunciar un discurso, cuando se sabía que nadie habría de levantar un arma y, por cierto, la única arma que se levantó fue la de su propia custodia para detenerlo, incluso ante los ojos de su hija, una niña. Nunca le retiraron la inmunidad.
Todos sus condenadores saben –porque a diferencia de Castillo cursaron la carrera de Derecho- que cuando se quiere intentar la comisión de un delito con un medio absurdamente ineficaz (matar con rezos, por ejemplo), eso se llama tentativa inidónea y su código dice explícitamente que no debe ser penada, aunque aleguen el absurdo argumento de que en otra circunstancia eso hubiese sido peligroso: no hay acción humana, por inocente que sea, que en circunstancias diferentes no sea peligrosa (la práctica de tiro al blanco, por ejemplo). Las conductas no se juzgan por eso en cualquier otra circunstancia, sino en las precisas circunstancias en que sucedieron.
También saben que constitucionalmente Castillo es el presidente. No lo ignoran, algunos incluso serán profesores en alguna universidad, no sé si sus alumnos les creerán cuando hablan de derecho. Tienen plena consciencia de todo eso: la que parece faltarles es el otro sentido de la conciencia, la que en algún momento hace escuchar su voz a toda persona honesta, aunque sea en el último momento de su existencia.
Castillo no necesita abogados en esta parodia, su presencia no haría más que legitimar una escenificación para darle la apariencia de un juicio. Pero tampoco se puede ignorar que sus abogados y ex abogados fueron sometidos a aprietes llamados reglajes en Perú. Guillermo Olivera tuvo que irse del país; otro abogado denunció la presencia de un automóvil que lo seguía permanentemente; Benji Espinoza acaba de denunciar que robaron en su oficina, llevándose su computadora personal. Parece que el régimen de facto de la señora Boluarte teme que en medio de la teatralización judicial alguien invoque el derecho.
Es obvio que el presidente Castillo no responde a los intereses colonialistas y de momento -para eso- está la señora Boluarte, hasta que deje de serles útil y la dejan librada a las fieras, quizá a los mismos personajes togados que mantienen preso y condenan a un presidente constitucional, mal vacado. La vacancia tiene un procedimiento que no fue respetado.
Pero como si todo lo anterior no fuese suficientemente vergonzoso, lo más indignante es el otro motivo no confeso de la condena al presidente Castillo: racismo puro, un campesino serrano no puede ser presidente, no lo tolera la gente de bien, profundizando la herida que se remonta a la colonia y que reafirmó la república en 1821. Se trata de una herida sangrante que atraviesa toda la historia peruana y que siempre denunciaron sus mejores historiadores, pensadores e intelectuales. El cholo no puede ser presidente: este es el más aberrante e indignante motivo oculto de esta condena y que no debe callarse ni mucho menos dejado de lado. ¿Para qué abogados, cuando es el odio racista lo que lleva a una condena y lo demás son pretextos?
José Arguedas, escritor que aprendió primero la lengua de los “sirvientes” que lo criaron, escribió un poema titulado Llamado a algunos doctores. Su lectura anti colonial (y muy crítica del derecho peruano) podría servir a los jueces que hoy pretenden condenar sin pruebas a un presidente constitucional, que en todo caso debiera ser repuesto y juzgado (en un juicio político, no penal) conforme a derecho. Hasta ahora eso (que es lo básico para vacar a un presidente, y lo primero que pide la constitución) no sucedió. Castillo fue vacado porque nunca cedió a las extorsiones. Si hubiera “negociado” con el Congreso (que tiene una desaprobación mayor al 90 por ciento) seguiría cómodamente sentado en el Palacio. Por suerte para Perú, no lo hizo.
Fuente: pagina12.com.ar