Tras una seguidilla de jornadas difíciles, con nerviosismo en el mercado financiero y reveses vinculados a la investigación por la criptoeestafa, finalmente Javier Milei tuvo una jornada de victoria política por partida doble: la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se dio en paralelo con una marcha de protesta mucho más tranquila de lo esperado.
Para el Gobierno, la conclusión es clara: se confirmó que la “línea dura” defendida por Patricia Bullrich surtió efecto y, además, se desarticuló la intentona de “desestabilización política” que se viene denunciando desde los sucesos violentos acaecidos el miércoles de la semana pasada.
Aunque es difícil hacer estimaciones, debido a que los vallados hicieron que la marcha se dividiera en varias columnas, las imágenes dejaron una sensación de que la asistencia no fue tan numerosa como en la manifestación anterior, a pesar de que un mayor número de organizaciones, como los sindicatos, se sumaron a la protesta.
Pero, sobre todo, fue evidente, de ambos lados, la intención de que la jornada transcurriera en paz, después de los graves incidentes de la semana anterior. Hubo algunas escenas aisladas de lanzamientos de piedras, pero que no pasaron a mayores. Y las pocas escaramuzas se limitaron a la ya clásica presencia provocadora de “influencers libertarios”.
En suma, ni refriegas, ni gases, ni balas de goma, ni heridos que lamentar.
Funcionó el disuasivo
De manera que la primera evaluación política del gobierno es que su estrategia “anti protesta” resultó efectiva y que las señales que se fueron dando en los días previos sirvieron como disuasivo.
“Marcha o violencia no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán”, había sido el lacónico mensaje de Bullrich en la mañana.
Antes, se había ocupado de dejar trascender que en la preparación del operativo de seguridad habían participado directivos de la SIDE, para desactivar hechos violentos y hasta un eventual intento de toma del Congreso.
También en la víspera la ministro había difundido un listado con nombres e imágenes de presuntos barras bravas de los clubes de fútbol que habían participado en protestas anteriores. Y, había pedido su detención, en el marco de una nueva normativa que considera a las barras como asociaciones para delinquir.
La estrategia se completó con la publicidad de una línea para denuncias y, sobre todo, con un operativo en estaciones de trenes donde la policía pidió identificación a los pasajeros mientras las pantallas oficiales advertían que podría haber represión. Los manifestantes que pasaron los vallados para acercarse a la plaza del Congreso debieron abrir bolsos y mochilas para mostrar que no llevaban explosivos ni objetos contundentes.
En definitiva, lo que se vio fue un despliegue policial mayor y mejor organizado que el de hace una semana, lo cual incluyó el establecimiento de una especie de “zona de exclusión” de gran alcance y, además, la actuación de la policía de la Ciudad.
Se impuso la “línea dura”
La postura de la ministra Bullrich había recibido el apoyo explícito del presidente Milei, quien en su discurso en ExpoAgro había recordado que “los buenos son los de azul” y había tenido duros calificativos para los manifestantes.
Era un mensaje no sólo para la oposición sino también hacia la interna del propio espacio oficialista: que se profundizaría el perfil represivo y que no se volvería a situaciones como las protestas de diciembre de 2017, cuando -también por la reforma jubilatoria-, la policía adoptó una actitud pasiva, sin reprimir mientras los manifestantes arrojaban las famosas 14 toneladas de piedras.
En el gobierno creen que aquella jornada, que dejó la imborrable imagen del “Gordo Mortero”, fue un punto de quiebre en la gestión de Mauricio Macri y dejó expuesta cierta debilidad ante una oposición que vio una oportunidad para desestabilizar. El propio ex presidente terminó por convalidar esa visión con el comunicado que emitió la semana pasada, en el que comparó aquella jornada con la actual actitud de la oposición a Milei.
Además, el gobierno vio una oportunidad para reconciliarse con parte de su base electoral, la que había votado a Milei con el reclamo de seguridad y el fin de los cortes de tránsito por manifestaciones callejeras.
“Sé que la gente se puede haber impresionado, pero tienen que saber que hay una conducción política dispuesta a no dejar actuar a estos energúmenos para que la violencia no se instale nunca más en la Argentina. Ya no son los dueños de la calle. El que las hace, las paga. Los detenidos las van a pagar y vamos a identificar a todos los que estuvieron”, justificaba Bullrich, confirmando que se siente cómoda en su perfil de “halcona” que se opone a la línea de represión blanda.
La oposición y el combo jubilados-FMI
La oposición también dio señales de un cambio en la estrategia. Ya comprobó que la situación de los jubilados es convocante a nivel callejero, despierta la sensibilidad social y atraviesa todos los sectores sociales. Por lo que será parte central del debate electoral. Pero, ahora, en el discurso opositor el tema jubilatorio se vinculará al acuerdo con el FMI.
La propia jornada de ayer ofreció una síntesis de ese discurso: mientras en la plaza se reclamaba por los jubilados, los diputados opositores argumentaban contra la nueva toma de deuda con el Fondo. Máximo Kirchner denunció que el nuevo acuerdo limitaría el margen de decisión política del gobierno y lo transformaría en “una marioneta” del organismo -un argumento no muy distinto de la que había planteado hace tres años cuando se debatió el acuerdo negociado por Martín Guzmán.
Antes, y previendo que finalmente la Cámara de Diputados daría su voto afirmativo, desde el kirchnerismo se advirtió que no reconocerían la validez legal de un acuerdo aprobado “a ciegas” y por la vía del decreto.
En paralelo, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó que se impulsa una nueva iniciativa legislativa para aumentar las jubilaciones, lo que implicará un cambio en la actual fórmula indexatoria. Además, se buscará la prórroga de la moratoria aprobada en 2023, que el gobierno ya avisó que termina la semana próxima.
El antecedente más cercano fue el del proyecto aprobado por la mayoría opositora y luego vetado por Milei, que ahora reaparece en el debate.
Aquella ley vetada preveía la “devolución” del 8,1% por el mes de abril 2024, que había quedado “desfasado” en el momento de cambio de la fórmula.
El nuevo contexto político hace factible que la oposición encuentre margen político para insistir. Lo dejó en claro el senador radical Martín Lousteau dijo que ese fue el origen del conflicto que terminó con la jornada de violencia. “¿Cómo empezó todo? Recordemos: acá hubo algunos que defendieron un veto por un aumento que equivalía a tres kilos de carne picada por mes”.
Lo cierto es que en aquella ocasión Milei alegó que si no vetaba la ley, se pondría en riesgo su política fiscal, porque el costo de la reforma implicaba no menos de 0,4% puntos del PBI. El proyecto vetado establecía que en marzo de cada año se diera un aumento adicional por el 50% de la variación salarial -medida por el índice RIPTE- si es que el salario tuviera una evolución superior a la inflación.
Y también cambiaba el criterio para fijar la jubilación mínima -que de hecho es percibida por la gran mayoría de los beneficiarios del sistema-, que debería ser equivalente de 1,09% de la canasta básica que mide el INDEC para un individuo.
Negociando con la billetera en mano
Mientras el Gobierno respira por la recuperación de los títulos públicos y la leve baja en el dólar paralelo tras la votación del Congreso, la oposición también pondrá en marcha un operativo de “depuración interna”.
Resultó sugestivo que los votos que le faltaron a la oposición hayan coincidido con las representaciones de las provincias que están negociando con el gobierno fondos para la obra pública. El día previo a la marcha, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de economía, Luis “Toto” Caputo, publicaron en las redes una foto de su encuentro con los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán y Raúl Jalil, de Catamarca.
No es que se trate de una situación novedosa, claro: la política de negociar apoyos en el Congreso con la billetera fiscal en la mano ha sido la tónica de los últimos años con gobiernos de distintos signos partidarios, desde el peronismo hasta el macrismo.
Pero en las últimas semanas, ante las dificultades de Milei, había recobrado fuerza el discurso de la unidad peronista con vistas a recuperar posiciones en la elección. Fue por eso que una de las palabras más escuchadas en los análisis políticos tras la votación del Congreso fue “traición” y volvieron las amenazas sobre medidas disciplinadoras.
Fuente: iprofesional.com