La muerte del Papa opacó novedades negativas en el frente judicial para el Gobierno en un tema caro para Francisco: la urbanización de barrios populares. El juez federal de Pehuajó Héctor Heim le ordenó al Ministerio de Economía que desarrolle un plan dentro de los próximos 20 días para avanzar con las obras en 37 barrios populares y asentamientos del conurbano bonaerense, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut.
El fallo obedece a una cautelar presentada por el CELS y por la mesa nacional de barrios populares. El Ministerio de Capital Humano ya había tenido que restablecer la provisión a cerca de 60 comedores populares. El Gobierno, apenas asumió, detuvo obras en los más de 6500 urbanizaciones en el registro nacional de barrios populares (RENABAP).
En febrero de 2024, el presidente Javier Milei desarmó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que se financiaba desde febrero de 2020 -por un decreto de Alberto Fernández- con el 30% del impuesto País. El FISU se creó también por decreto durante los últimos días de la gestión de Mauricio Macri para financiar obras por un lapso de 30 años para cumplir con la ley nacional de barrios populares sancionada en octubre de 2018 con el apoyo unánime de todas las fuerzas del arco político en el Congreso.
El FISU ejecutó partidas por US$ 1200 millones durante la gestión del Frente de Todos, cuando era administrado por Fernanda Miño, una dirigente del espacio de Juan Grabois. La administración mileísta cuestionó el uso de los fondos públicos, pero no denunció a la ex funcionaria. El detalle generó internas puertas adentro de LLA.
En noviembre de 2024, el juez Heim ya había ordenado a la Secretaría de Vivienda que culminara las obras que incluyen desde redes cloacales, de agua, conexiones eléctricas, cordón cuneta, construcción de veredas, un centro comunitario y núcleos húmedos, pero el Ministerio de Economía desoyó la orden judicial.
Los abogados de la cartera que conduce Luis Caputo intentaron sin éxito que la demanda judicial se tramitara en los juzgados federales de la Capital.
En febrero de este año, el Gobierno eliminó la Secretaría de Vivienda y 96 mil viviendas en construcción distribuidas en todo el país quedaron paralizadas mientras el Gobierno exploraba la posibilidad de traspasar las obras a las provincias.
La Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) fue la única dependencia vinculada a las soluciones habitacionales que se salvó de la depuración y pasó a depender de la Secretaría de Obras Públicas.
La SISU está a cargo de Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia y principal delegado de Karina Milei en el armado político bonaerense. Pareja, en declaraciones públicas, rechazó la supuesta malversación de fondos del FISU durante el anterior gobierno y mantuvo una extensa charla con su antecesora.
“He hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas. Es más, si esta no fue la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Estoy viendo que hay más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto ejecutado en más del 80%”, dijo Pareja en febrero sobre la gestión de Miño.
Fuentes oficiales consultadas por Clarín advierten que pretenden ajustarse a derecho, cumplir con el fallo judicial y que las obras de urbanización continuarán siempre y cuando la economía se recupere.
La parálisis de obras facilitó usurpaciones en loteos con servicios, pérdidas de puestos de trabajo en cooperativas de construcción y la pérdida de millones de pesos invertidos en redes de conexión eléctrica, agua y cloacas a medio terminar.
“No había amenazas de desalojo. Se estaban haciendo veredas, electricidad. El freno de obra genera caos en todos los sentidos. Necesitamos que la Justicia ordene y el Gobierno cumpla con el fallo judicial. Se está perdiendo la obra en proceso”, aseguró Gastón Batara Reyes, del barrio El Bajo, en La Matanza.
Las críticas a la falta de ejecución en barrios populares es transversal. Juan Maquieyra, titular de la Fundación Techo y con pasado en la iniciativa Scholas Ocurrentes que motorizó Francisco, también criticó la parálisis. “Es necesaria la inversión en la base de la pirámide para aguas, cloacas y electricidad para el millón de vecinos que viven en barrios populares. El fondo de integración sociourbana (FISU) que se encargaba de eso está desfinanciado y hay mil obras que se detuvieron y deben continuar”, aclaró a este diario el ex dirigente del PRO.
Maquieyra participó en junio pasado de un evento para reclamar por la reactivación de obras organizado por la Iglesia. Estuvieron, además, el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea; el titular de Cáritas, Carlos Tissera; y su segundo Gustavo Carrara, que advirtió por el avance narco en los barrios ante la falta de urbanización. “Hay urgencias y no se puede recortar por los más pobres. Eso, desde el punto de vista cristiano, es un pecado (…) Es necesaria una presencia inteligente del Estado porque sino el narcotráfico avanza, mata personas e hipoteca la vida de niños y adolescentes”, consignó el obispo.
Caputo ya recibió dos intimaciones. Ahora tiene 20 días más para cumplir. La decisión de interrumpir las obras en los 37 municipios afecta a 334.000 familias, según los números de la mesa nacional de barrios populares.
Leonel Bazan, del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia económica del CELS, apuntó que si Economía no cumple, pedirá que se apliquen sanciones económicas diarias al ministro. “El Ministerio es el principal obligado. Ante el posible incumplimiento vamos a solicitar sanciones económicas en la cabeza de Luis Caputo hasta tanto se presente el plan para terminar las obras suspendidas”, sentenció.
Según el monitor de obras de Integración Socio Urbana, de acceso público, con el FISU se realizaron 1.276 obras de integración en barrios populares, alcanzando a 5.060 barrios y 338.152 familias.
La estadística fría de los números oficiales también arroja un resultado lapidario: desde que Macri ordenó la realización de un censo de barrios populares en 2016, los asentamientos se multiplicaron y crecieron casi un 50 por ciento: de 4000 hace nueve años, a 6500 en 2025.
Fuente: clarin.com