Según un informe sobre situaciones de violencia de género elaborado por la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja, las denuncias por violencia sexual pasaron de representar el 4% del total entre enero y mayo de 2024 al 18% en el mismo período de 2025. La responsable del área de esa provincia, Karen Navarro, explicó a PERFIL que la eliminación del Ministerio nacional, de programas de género y la desfinanciación de otros afectó en materia de prevención y acompañamiento, pero también que “hay un discurso habilitante, que genera que las violencias se agudicen a diferentes niveles, por ejemplo, sexuales, que es una de las cuestiones que más está creciendo en promedio si lo comparamos con el año pasado”.
En los primeros cinco meses del año se registraron 840 casos de violencia que fueron abordados por la Secretaría riojana, un número considerablemente mayor comparado con los mismos meses de 2024, con 398 casos. De 2023 a 2024 también se contabilizó un incremento notable: en el primer año se registraron 1391 casos y en 2024 fueron 1509. Navarro agregó que hubo un crecimiento de las denuncias por violencia psicológica, física y económica, pero también por violación de perimetrales. “Casi el 50% de los casos son de riesgo alto. A esos casos les hacemos un seguimiento. El 70% de las personas que llegan a la Secretaría ya tienen denuncias hechas”, agregó. Los aportes de la capacitación y de programas nacionales como el Acompañar, que fue desfinanciado, “eran vitales para el sostenimiento de esto. Las provincias siguen teniendo necesidades específicas, porque la violencia de género se sigue denunciando y sigue existiendo”.
Según la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en 2024 el presupuesto del Programa Acompañar se redujo un 82% y la cantidad de mujeres asistidas cayó un 98,72%. “El programa fue uno de los que más impacto positivo tuvo”, destacó la funcionaria. “Las provincias tenían unidades de gestión. Por ejemplo, acá en la provincia teníamos tres unidades de gestión, que era la de Capital, la de Chamical y la de Chilecito”. Según detalló, era Nación quien evaluaba los casos, y la asistencia se otorgaba a personas que estaban en alto riesgo a consecuencia de la violencia. “El Ministerio de Género nunca transfirió dinero a las provincias. Lo hizo a través de este programa”, pero “cuando se dio de baja la cartera dejaron de funcionar las unidades de gestión, se eliminaron claves, se impidió el acceso a usuarios. Fuimos a un Consejo Federal en Buenos Aires con las autoridades del Ministerio de Justicia y nos presentaron a una persona que estaba a cargo del programa Acompañar. Esa persona nunca nos contestó los correos”.
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Frente a estas situaciones, aseguró que la provincia tiene sus propios mecanismos, entre ellos “aportes económicos dentro del programa de asistencia que disponemos, que son ayudas económicas que sirven hasta para sostener alquileres. También proporcionamos asistencia en alimentos y trabajamos en un sistema de capacitación por medio de convenios con otras instituciones en oficios”. Y agregó que desde la Secretaría se trabaja con un equipo interdisciplinario “con trabajadores sociales, psicólogas y abogadas. Aparte de eso, contamos con un consultorio de orientación y escucha para derechos de la comunidad LGBTIQ+ e intervenimos con el Hogar de Protección Integral de Mujeres y Niños que tenemos en la provincia. Todo eso sigue vigente”. También, destacó, se fortaleció la colaboración entre provincias: “Firmamos convenios con Buenos Aires y Catamarca para capacitaciones y también con la diplomatura de Córdoba”.
En el informe, la Secretaría afirma que “la proliferación de discursos de odio ha tomado tal magnitud expresándose por parte del gobierno nacional, no sólo en el negacionismo de las violencias y el vaciamiento de instituciones específicas, sino también en la eliminación de políticas públicas concretas” y que en la actualidad “no existe por parte del gobierno nacional una definición programática con objetivos claros que den respuesta integral a las personas que sufren situaciones de violencia, como así tampoco políticas destinadas a la prevención y eliminación de femicidios”.
Sostienen además que estas políticas eliminadas alcanzaban a un millón de mujeres en todo el país.
Fuente: perfil.com