A 10 meses del femicidio de Érika Antonella Álvarez, la Justicia ya tiene fecha: qué se define el 26 de octubre

El femicidio de Érika Antonella Álvarez, el caso que conmovió a Tucumán este año, tendrá su juicio oral y público a partir del 26 de octubre. Así lo confirmaron fuentes judiciales, que precisaron que el debate se extenderá a lo largo de 27 audiencias y que la sentencia se conocería a mediados de diciembre.

La víctima dejó su casa el 7 de enero y se dirigió al domicilio de Felipe “El Militar” Sosa, en Yerba Buena. En la madrugada de ese día fue asesinada. Horas más tarde, Sosa habría arrojado el cuerpo en un descampado de Manantial Sur, donde dos vecinas lo encontraron al día siguiente.

Quiénes se sientan en el banquillo

Son tres los acusados que llegarán a juicio. El principal es Sosa, a quien el fiscal Pedro Gallo le imputa haber golpeado a Érika con gran violencia en la zona craneofacial y cervical, valiéndose de una relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Esas lesiones le provocaron la muerte por traumatismo craneofacial y cervical. La auxiliar fiscal Carolina Brito anticipó que pedirá prisión perpetua para el acusado.

La defensa de Sosa, a cargo de Marcelo Cosiansi, intentará instalar otra hipótesis: sostendrá que no hubo femicidio, sino una muerte accidental.

Las acusaciones por encubrimiento

Justina Gordillo, empleada judicial y ex pareja del principal acusado, también deberá responder ante la Justicia. Según la acusación, la mañana del 7 de enero mantuvo comunicaciones con Sosa y luego se presentó en la vivienda donde ocurrió el femicidio, donde permaneció varias horas. Se retiró y regresó por la noche. En ese lapso, según el fiscal, habría colaborado con el ocultamiento del cuerpo y la eliminación de rastros, además de intervenir en la desaparición de elementos de la víctima y de la camioneta usada para trasladar el cuerpo.

Brito también le atribuye haber facilitado la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires: le habría puesto a disposición una motocicleta KTM y, después, dinero e información sobre la investigación. Para la acusación, esas acciones buscaban ayudarlo a eludir la Justicia y obtener un beneficio patrimonial. El pedido de pena para Gordillo es de seis años de prisión.

Sus defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim, cuestionaron la imputación porque, según plantean, no se tuvo en cuenta la relación que existía entre ambos el día del hecho. Además, presentarán testigos para intentar probar que Gordillo no hizo nada extraño en esos días.

El tercer acusado es Jorge “Chicho” Díaz. Gallo sostiene que el 7 de enero se presentó en el domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 de “Mundo Limpio” y colaboró con la eliminación de rastros, la desaparición del teléfono celular de Álvarez y la limpieza del lugar. Al retirarse, según la acusación, se llevó un estuche con una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12, que le habría entregado el principal acusado. Para él también se pedirán seis años de prisión. Su defensor, Juan Pablo Bello, intentará demostrar que su asistido estuvo en la casa pero que solo hizo tareas de jardinería y reparación de la moto.

El cuarto implicado y el reclamo económico

Nicolás Navarro Flores, el cuarto imputado, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva por maniobras de encubrimiento. Será uno de los 70 testigos que declararán ante los jueces Sebastián Mardiza, María Valeria Mibelli y Eliana Karina Gómez Moreira.

En paralelo, a raíz de un planteo del defensor Cosiansi, los hermanos de Érika quedaron fuera de la lista de demandantes y no podrán reclamar una reparación económica. Ellos habían pedido que Sosa les pagara $438 millones, mientras que a Gordillo y Díaz les reclamaron unos $70 millones. En el acuerdo con Navarro Flores, el ya condenado pagó $100 millones.

Con los padres de la víctima como únicos reclamantes, el monto solicitado originalmente se redujo más de un 40%. En el juicio que arranca el 26 de octubre, el tribunal deberá resolver si les corresponde cobrar una reparación y, en ese caso, por qué monto.

Fuente: La Gaceta / Contexto Tucumán