A 12 años de la muerte de Abigail: la Justicia sigue sin ponerse de acuerdo sobre la madre condenada

Doce años después de la muerte de Abigail Tortello, la bebé de siete meses que conmocionó a Santa Cruz, el caso sigue generando un debate judicial y social que no encuentra punto final. La discusión ya no es solo sobre quién la mató, sino sobre qué responsabilidad le cabe a una madre que vivía sometida a un contexto de violencia extrema y control coercitivo.

La pequeña falleció el 26 de agosto de 2014 en el Hospital Regional de Río Gallegos, tras permanecer cinco días en terapia intensiva con un cuadro neurológico irreversible. Había ingresado con lesiones gravísimas que los médicos no dudaron en vincular con el Síndrome del Niño Sacudido, una forma de maltrato infantil particularmente violenta.

Pero la autopsia reveló algo aún más perturbador: las fracturas no eran recientes, sino que mostraban distintas etapas de consolidación, lo que indicaba una historia previa de violencia física que nadie había podido frenar.

¿Cómo llegó el Estado a esa situación?

Lo más escalofriante del caso es que la familia ya estaba bajo la lupa de las autoridades. El Juzgado de Familia N.º 1 de Río Gallegos había intervenido meses antes, con medidas de protección articuladas con la Secretaría de Niñez municipal. Psicólogos, trabajadores sociales y operadores de campo tenían la misión de ingresar al domicilio y evaluar las condiciones de vida de la bebé.

El propio juez Antonio Andrade admitió años después que el expediente se llevaba “casi en forma personal”, porque había elementos de violencia subyacente que no siempre aparecían en los informes. Sin embargo, los controles no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal.

El día que cambió todo

La mañana del 20 de agosto de 2014, Carlos Tortello llegó al hospital con Abigail en brazos, diciendo que se le había resbalado de una mesada mientras la bañaba. Los médicos no le creyeron: las lesiones no coincidían con una caída accidental.

Mientras la bebé luchaba por su vida, los investigadores reconstruyeron la escena. Y allí apareció un dato clave: a las 8:45 de esa mañana, Karla Orellano, la madre, había salido de la casa acompañada por una operadora estatal rumbo a la Secretaría de Niñez y a la Oficina de Violencia Doméstica para denunciar a Tortello y pedir su exclusión del hogar.

Para la defensa, esa secuencia demuestra que Orellano no solo no participó del ataque, sino que estaba intentando activar los mecanismos institucionales para protegerse y proteger a su hija. Para la acusación, en cambio, la madre tenía una obligación de garante que no cumplió al no impedir los episodios anteriores de violencia.

Cinco días de agonía

Abigail permaneció en coma profundo, con un cuadro neurológico irreversible. La comunidad de Río Gallegos siguió con conmoción su evolución, con cadenas de oración y muestras de solidaridad. Pero la medicina ya no podía hacer nada. La bebé murió minutos antes de la medianoche del 26 de agosto. Tenía apenas siete meses.

La primera condena

En octubre de 2015, el caso llegó a juicio oral. El 2 de noviembre, el tribunal condenó a ambos progenitores a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, en concurso real con lesiones graves reiteradas. La figura utilizada para Orellano fue la de omisión impropia: aunque no estuvo presente en el ataque mortal, tenía el deber jurídico de proteger a su hija.

La sentencia generó una fuerte reacción social. Pero la defensa de Orellano inició un largo recorrido recursivo, argumentando que el tribunal había ignorado el contexto de violencia de género en el que vivía la mujer.

El giro de la Corte Suprema

La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2022 dejó sin efecto la condena contra Orellano y ordenó un nuevo pronunciamiento. El máximo tribunal consideró que la sentencia original no había analizado adecuadamente si la acusada tenía realmente la posibilidad de actuar de otra manera frente a su agresor.

El expediente regresó a Santa Cruz, y el 24 de junio de 2025 se realizó una nueva audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia provincial. La Fiscalía pidió mantener la perpetua, mientras que la defensa, a cargo de Mariel Suárez, solicitó la absolución y excarcelación.

Uno de los argumentos más fuertes de la defensa fue la responsabilidad del propio Estado. Suárez resumió su posición con una frase que atravesó toda la discusión: Karla “solamente es culpable de haber naturalizado la violencia en contra de ella”.

Una nueva condena, un nuevo debate

El 6 de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la responsabilidad penal de Orellano y mantuvo la prisión perpetua, pero introdujo un cambio trascendente: recurrió a la figura del dolo eventual.

Según el tribunal, Orellano conocía el historial de violencia contra Abigail y podía representarse que los ataques podían terminar en su muerte. El contexto de violencia de género debía ser considerado, pero no podía convertirse automáticamente en una eximente de responsabilidad.

La pregunta que quedó flotando es la misma de siempre: ¿la violencia que sufría Orellano anulaba su capacidad de autodeterminación? La Justicia provincial respondió que no, pero el caso no está cerrado.

La defensa anunció que presentará un nuevo Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema vuelva a intervenir. El argumento central sigue siendo el mismo: la violencia de género debe ser incorporada de manera efectiva al análisis de la responsabilidad penal.