A 36 años del crimen de Andrés Núñez: un prófugo y una herida que no cierra

El próximo 28 de septiembre se cumplirán 36 años del asesinato de Andrés Núñez, el albañil de Villa Elvira que fue secuestrado por policías bonaerenses, torturado y cuyo cuerpo apareció carbonizado en un campo de General Belgrano. La causa dejó tres condenas a perpetua, pero también un exoficial prófugo y varias cuentas pendientes que siguen sin resolverse.

Núñez tenía 32 años, vivía en Villa Elvira y se ganaba la vida como albañil y reparando electrodomésticos. En la madrugada del 28 de septiembre de 1990, cuatro policías de civil llegaron hasta su casa y se lo llevaron. La excusa oficial fue una supuesta investigación por el robo de una bicicleta, aunque nunca se acreditó que existiera una denuncia o una orden judicial.

El trabajador fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde la Justicia determinó que fue sometido a un interrogatorio brutal: golpes, descargas eléctricas y asfixia. Esa noche murió.

El macabro ocultamiento

Después del crimen, los responsables intentaron borrar todo rastro. El cuerpo fue retirado de la dependencia policial y llevado hasta un establecimiento rural de General Belgrano, donde fue quemado y enterrado. Durante años, la familia de Núñez vivió en la incertidumbre, mientras la investigación avanzaba entre irregularidades y silencios.

La causa estuvo prácticamente paralizada hasta agosto de 1995, cuando un sargento primero de la propia policía, José Daniel Ramos, decidió aportar información clave. Su testimonio permitió orientar la pesquisa hacia el campo "El Roble", en General Belgrano. Allí, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Núñez, confirmando lo que muchos sospechaban: había sido detenido, torturado y asesinado por policías.

Condenas, pero también impunidad

La investigación judicial logró algunas condenas. En 2010, los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron sentenciados a prisión perpetua por el homicidio. En 2017, el excomisario Luis Raúl Ponce recibió la misma pena, tras permanecer 22 años prófugo con identidad cambiada en la ciudad neuquina de Junín de los Andes.

Sin embargo, uno de los principales acusados, el exoficial Pablo Gerez, sigue prófugo después de más de tres décadas. Su situación se convirtió en un símbolo de las cuentas pendientes del caso.

En 2013, la Suprema Corte bonaerense declaró que los hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y estableció la imprescriptibilidad de la causa, un paso fundamental para que la justicia pueda avanzar.

A 36 años de aquella madrugada, la historia de Andrés Núñez sigue siendo una herida abierta en la memoria platense. Su nombre permanece asociado a una pregunta que excede su propio caso: qué ocurrió con las instituciones democráticas cuando quienes debían garantizar la seguridad fueron los mismos que usaron la violencia y el poder del Estado para hacer desaparecer a una persona.

En medio del dolor, Mirna Gómez, su pareja, se convirtió en un símbolo de lucha incansable por justicia.