A 4 años del atentado a Cristina, un juez pampeano exige respuestas: "¿Quién mandó a matar?"

A cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, el juez de Paz de Santa Rosa y exsecretario de Estado de Derechos Humanos, Rubén Funes, salió a cuestionar el rumbo de la investigación judicial. En una carta abierta, reclamó que se avance sobre las presuntas conexiones políticas y financieras detrás del ataque del 1 de septiembre de 2022 y dejó flotando una pregunta que, asegura, sigue sin respuesta: ¿quién mandó a matar a Cristina?

Para Funes, esclarecer ese punto es clave para preservar los valores democráticos que el país construyó desde 1983. Su escrito no solo repasa lo ocurrido aquella noche, sino que apunta contra sectores del poder judicial y mediático a los que responsabiliza por no haber llegado al fondo del caso.

El día que todo cambió

En su relato, Funes recuerda con precisión cómo vivió ese jueves. Estaba mirando el programa del "Gato" Silvestre cuando el conductor empezó a decir que algo estaba pasando. Al minuto, dice, vieron con estupor la mano de un sujeto que gatillaba un revólver contra el rostro de la entonces vicepresidenta.

"Ese jueves 1 de septiembre de 2022 quedará grabado en nuestras memorias", sostiene. Y agrega que el atentado conmovió a toda la sociedad argentina, en un contexto donde Cristina llegaba a su domicilio y saludaba a los simpatizantes que la esperaban, como hacía cada día desde que el fiscal Luciani pidió su cárcel e inhabilitación.

El juez también hace referencia a la imagen que se viralizó esa noche: un dibujo de la ilustradora Danna en el que Néstor Kirchner, con un abrazo, impedía el disparo. "Ella está convencida de que la salvaron Dios y la Virgen, yo me tomo el atrevimiento de agregar a Néstor y al amor de su pueblo", escribe.

Las pistas que no se investigaron

Funes repasa los hechos que se conocieron después del ataque: los chats de los acusados, los dichos del diputado Gerardo Milman —"cuando la maten voy a estar camino a la costa"— y los pagos millonarios de la familia Caputo a la organización "Revolución Federal", que llegó a exhibir guillotinas y bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo.

Pero lo que más lo indigna es lo que considera una "no investigación judicial". Menciona que a pocas horas del atentado borraron todo el contenido del celular de Sabag Montiel y también la información de los teléfonos de las secretarias de Milman en oficinas de Bullrich. Y apunta contra la jueza Capuchetti y el fiscal Rivolo por no haber querido profundizar la conexión con Revolución Federal.

En ese sentido, destaca el libro Presa o muerta, de Irina Hauser, como un documento que muestra la trama completa y que, frente a la inacción judicial, contribuye a mantener viva la necesidad de esclarecer uno de los hechos más graves de la democracia desde 1983.

"No fueron unos loquitos sueltos"

Para Funes, el tiempo transcurrido le permite tener algunas certezas. La primera: las balas que le ordenaron disparar a Sabag Montiel estaban destinadas a las políticas redistribucionistas, a los derechos humanos, a la justicia social y a la defensa de los recursos naturales. "A todo lo que representaban las banderas históricas del peronismo", subraya.

La segunda: "la banda de los copitos no actuó sola". Y se pregunta por qué el Poder Judicial no investigó a los autores intelectuales. "A la jueza Capuchetti, al fiscal Rivolo y a la Cámara Federal que no quisieron investigar la conexión entre Revolución Federal y el atentado, se les debería caer la cara de vergüenza", lanza.

El juez pampeano advierte que esta historia tiene un final abierto y que, hasta que no se identifique y castigue a los responsables intelectuales y financieros, se habrá roto el pacto democrático de 1983. "Mientras tanto, seguiremos reclamando saber la respuesta a la pregunta que este juicio no quiere responder: ¿quién mandó a matar a Cristina?", concluye.