A 9 años de la Ley Petri: el debate que divide a jueces y penitenciaristas

Casi una década después de la sanción de la Ley 27.375, conocida como Ley Petri, el debate sobre sus efectos en el sistema penitenciario sigue más vigente que nunca. Una abogada mendocina analizó para Sitio Andino las consecuencias de la reforma que endureció las condiciones para acceder a beneficios como la libertad anticipada, y sus palabras reavivan la polémica.

La norma, impulsada por el entonces diputado nacional Luis Petri, fue promulgada el 28 de julio de 2017 y desde entonces modificó la lógica del régimen de ejecución penal: ahora, la naturaleza del delito pesa más que la conducta del preso.

¿Qué delitos quedaron alcanzados?

La ley restringió el acceso a salidas anticipadas para condenados por delitos considerados de extrema gravedad, como homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, robo seguido de muerte, robo con armas de fuego, trata de personas, terrorismo, privación ilegítima de la libertad y secuestro extorsivo, entre otros.

Este endurecimiento, según sus defensores, buscaba fortalecer la seguridad pública y dar mayor protección a las víctimas. Sin embargo, los opositores advierten que choca con el principio de reinserción social establecido en la Constitución Nacional.

En 2025, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó por mayoría la constitucionalidad de las restricciones, lo que volvió a poner el tema en el centro del debate jurídico.

El cambio de paradigma que marcó la Ley

La abogada penalista Daniela Olmedo, licenciada en Criminalística, explicó que la reforma "restringió severamente la posibilidad de egreso anticipado para personas condenadas por ciertos delitos". Antes de la ley, la progresividad de la pena se basaba en la conducta, el estudio, el trabajo y la capacitación del preso. Ahora, el delito cometido es un factor determinante.

Para Olmedo, este desplazamiento es clave: "Para una gran masa de la población penal, la condena debe cumplirse obligatoriamente hasta el último día dentro del establecimiento carcelario", sostuvo.

Incentivos en la cárcel: el efecto devastador

Uno de los puntos más controvertidos es el impacto en los incentivos de los presos para participar en tratamientos y actividades de reinserción. Si estudiar o trabajar ya no garantiza avances en el régimen, muchos podrían perder la motivación.

Olmedo lo describe como un "efecto devastador" que anula el esfuerzo de quienes buscan reinsertarse. La pregunta es si un sistema que no premia el buen comportamiento puede generar mejores resultados en la seguridad a largo plazo.

Hacinamiento y colapso del sistema

La especialista también cuestiona la ley desde lo constitucional: sostiene que las restricciones pueden chocar con el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser para seguridad y no para castigo, y que las condiciones de encierro no deben ser mortificantes.

Además, Olmedo vincula la ley con el hacinamiento: "Al no haber flujo de salidas progresivas, la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento se dispararon, afectando las condiciones mínimas de dignidad", afirmó.

¿La Ley Petri reduce la reincidencia?

La pregunta que sigue sin respuesta es si el endurecimiento de las penas realmente evita que los liberados vuelvan a delinquir. Olmedo señala que no hay evidencia empírica suficiente para afirmarlo. Una pena más larga no garantiza menor reincidencia; lo que importa es qué herramientas recibe el preso durante su encierro para su reinserción.

Para la especialista, una política de seguridad efectiva debería combinar prevención, reinserción y cumplimiento de condenas, en lugar de limitarse a aumentar el tiempo de prisión.

El debate, entonces, excede la duración de las penas: se trata de definir qué función debe cumplir la prisión. ¿Debe ser solo custodiar o también preparar para el regreso a la sociedad? La respuesta no solo define el destino de los condenados, sino también la efectividad de la política criminal para construir una sociedad con menos delitos.