A casi tres años del crimen de Gimena Extremador, la querella exige una fecha para el juicio

El abogado Alberto Luciani, querellante en la causa por el homicidio de Gimena Extremador, reclamó al Poder Judicial de Santa Cruz que fije fecha para el debate oral y público, al cumplirse casi tres años del brutal asesinato ocurrido en Las Heras.

En un comunicado difundido a La Opinión Austral, Luciani calificó el caso como “el homicidio más brutal contra una mujer de los últimos años en la provincia” y advirtió que, pese a la designación de nuevos jueces y funcionarios, la demora responde a una falta de gestión del propio sistema judicial y no a las partes.

El crimen que conmocionó a Las Heras

Gimena Extremador, una joven madre de 29 años, fue hallada sin vida el 17 de noviembre de 2023 en una zona descampada del barrio El Calafate. Un vecino que se dirigía a trabajar encontró el cuerpo, que estaba semidesnudo, presentaba 32 puñaladas y había sido parcialmente devorado por una jauría de perros.

Por el hecho permanece detenido Nelson Ezequiel Saldivia, de 46 años, expastor de una iglesia evangélica. Fue demorado cuando salía de su domicilio con dos bolsos llenos de ropa y pertenencias, poco después del hallazgo del cadáver.

La familia de la víctima aún no tiene una fecha para el juicio, una situación que Luciani considera inaceptable por el tiempo transcurrido.

El caso Sayago, otra causa que sigue sin resolución

En su presentación, el abogado también se refirió a la causa por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida durante una masiva protesta popular en Las Heras los días 6 y 7 de febrero de 2006. En ese expediente, Luciani ejerce la defensa de Víctor Darío Catrihuala, José Rosales, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach.

El letrado reclamó una resolución definitiva y señaló que, pese a los reiterados pedidos para que se declare la extinción de la pena por prescripción, el caso continúa sin definición, lo que vulnera el derecho a un plazo razonable. La causa está en el Tribunal Superior de Justicia desde 2014, sin avances.

Luciani calificó estos hechos como “la causa penal más importante en la historia de Santa Cruz”, que derivó en la renuncia del entonces gobernador Sergio Acevedo, y exigió la absolución de los cinco trabajadores. Sostuvo que el proceso fue arbitrario, injusto y plagado de irregularidades, con torturas y violaciones de derechos humanos comprobadas.

Además, citó el respaldo del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien afirmó que quedó demostrada la inocencia de los trabajadores, y del historiador Osvaldo Bayer, que definió el caso como una de las mayores injusticias históricas del país.