A las 21:10 salió el oficio que liberó al exjuez Parisi: la Fiscalía de Orán estalló

La Unidad Fiscal de Orán no se quedó de brazos cruzados. Después de que el Tribunal de Juicio le concediera la libertad al exjuez Claudio Alejandro Parisi, los fiscales pidieron la nulidad absoluta de esa resolución y apuntaron contra las formas: según el Ministerio Público Fiscal, el oficio que ordenaba hacer efectiva la liberación se remitió a las autoridades policiales a las 21:10 del 26 de octubre, sin que ellos estuvieran notificados.

El episodio volvió a poner bajo la lupa a la justicia del norte provincial y encendió un malestar institucional que ya venía acumulándose.

Una decisión que, para la Fiscalía, no se sostiene

El beneficio en sí no fue el único punto que irritó a los fiscales. También cuestionaron el sustento jurídico de la medida: para la Fiscalía, la resolución del Tribunal de Juicio tiene un "fundamento aparente y contradictorio".

El reproche central es que los jueces confundieron la prisión preventiva con el arresto domiciliario. Según la Fiscalía, interpretaron de manera errónea que una modalidad de encierro domiciliario no hace cesar la preventiva, lo que contradice fallos anteriores y el propio Código Procesal Penal.

La excusa del debate y la inacción del Tribunal

Otro de los argumentos más resistidos fue que el propio Tribunal usara la "falta de realización del debate" como motivo para liberar al imputado. Los fiscales señalaron que los jueces omitieron decir que esa parálisis procesal es consecuencia de su propia inacción.

La Fiscalía había presentado prontos despachos en abril y septiembre. Incluso llegó a recurrir a la Corte de Justicia con un recurso de queja por la morosidad judicial. Y apenas una semana después de esa presentación ante el máximo tribunal provincial se conoció la sentencia que devolvió a Parisi a la calle.

Una causa con condenas y otras que duermen

El expediente de Parisi no está solo en el distrito de Orán. En la misma causa ya fueron condenados el abogado Roberto Ortega Serrano, como autor de cohecho activo agravado, y el exsecretario letrado Maximiliano Correa, como partícipe secundario.

El Ministerio Público advirtió además que las demoras irrazonables se repiten en otros expedientes sensibles de la zona. Mencionó el caso que involucra a José Dimas Ruiz por el millonario robo a la empresa Abra de Sol.

Para la Fiscalía, el cuadro deja al descubierto un sistema judicial que acumula cuestionamientos mientras las causas clave siguen esperando en los despachos.