A las 2:57 escribió "borrá todas las cámaras": el chat que la Justicia leyó antes del allanamiento

La noche previa al operativo en Sur Finanzas quedó registrada en mensajes que ahora forman parte de la causa. "Mañana Agustín va a ir temprano, decile que borre todas las cámaras", escribió Daniela Sánchez, secretaria personal de Ariel Vallejo, a las 2:57 de la madrugada. El financista ligado a la AFA ya tenía el procesamiento y la prisión preventiva en su contra cuando el juez Tomás Rodríguez Ponte reconstruyó esa secuencia de chats.

El fallo describe algo más que conversaciones aisladas: para el magistrado, las órdenes de "borrar" y "desconectar" integran un "protocolo" que contempló eliminar registros, sacar efectivo de las sucursales, esconder vehículos y mover computadoras en torno a los allanamientos del 1 de diciembre.

Fuentes cercanas al financista negaron a LA NACION que Vallejo haya impartido instrucciones en esa dirección.

La empleada que respondió "solo lo blanco está afuera"

El recorrido que trazó el juez arranca antes del operativo. El 28 de noviembre, Micaela Sánchez —descripta en el expediente como quien guardaba las llaves de las cajas fuertes y de los equipos informáticos— le preguntó a una empleada si había "algo raro". Ya habían pasado tres días desde la denuncia de ARCA contra el financista por presunto lavado de activos.

"Por el momento tranquilo, estamos operando solo blanco", fue la respuesta, según el escrito judicial. La empleada completó: "ya arqueamos todo, tenemos guardado todo por las dudas; solo lo blanco está afuera".

Sur Finanzas agrupaba varios servicios: compra y venta de dólares, préstamos y una billetera virtual.

La maniobra que investiga la Justicia

La hipótesis del expediente apunta a Centro de Inversiones Concordia, una de las casas de cambio que estuvieron bajo control de Vallejo. Según el juez, vendió dólares "a terceros no habilitados o al mercado paralelo". La Justicia marcó una inconsistencia: en las cuentas de esa firma "se habrían acreditado al menos $4.040.114.708 en 2022", un número que "no se correspondía con las ventas declaradas para ese año ($2.440.801.851)".

En sus declaraciones judiciales, incluidas en el acta de procesamiento, Vallejo sostuvo que las casas de cambio bajo su control operaron US$108,1 millones durante la época de cepo, con una ganancia de entre dos y veinticinco pesos por dólar.

De ese crecimiento surgió la billetera virtual Sur Finanzas PSP, eje de la denuncia por presunto lavado. Allí aparece la figura del "ejército de soldaditos": personas sin capacidad económica que habrían inyectado fondos con apariencia lícita aunque de origen ilícito. Para el juez, la venta de dólares en el mercado paralelo puede constituir el delito precedente del lavado.

La defensa del financista planteará que la evasión no puede calificar como antecedente del lavado. Vallejo, en diálogo con LA NACION, ya había negado tener un "ejército de soldaditos" dentro del circuito.

Los "puchitos" de Adrogué y Banfield

En las horas previas a los allanamientos, la Justicia secuestró dos chats vinculados a presuntos movimientos de borrado. La secuencia empezó de madrugada y siguió entrada la mañana del 1 de diciembre, con supuestos "puchitos" —aparentemente pequeños montos de dinero— dejados como fachada.

Por Telegram, a la 1:33, la secretaria personal de Vallejo le escribió a Micaela Sánchez: "mañana que levanten temprano las ganancias". No fue un mensaje suelto: a las 2:57 llegó el pedido de borrar las cámaras.

El "protocolo" también incluyó movimientos físicos en las sucursales. La secretaria anotó "levanté Adrogué Chico, dejé solo puchito, ya está guardado", y su interlocutora contestó "levanté Banfield, dejé puchito también", siempre según la reconstrucción del juez.

Ambas presentaron descargos y negaron las acusaciones. Sánchez argumentó que su tarea era ajena a las operaciones financieras y que solo manejaba la agenda de Vallejo. La otra mujer afirmó que trabajaba como cajera, sin personal a cargo y sin medios para incidir en las decisiones de la empresa.

"Necesitamos que desconecten los programas"

A las 2:07 de esa misma madrugada, Susana Hoffman —asesora de Sur Finanzas en normativa del BCRA— le escribió al encargado de sistemas: "necesitamos que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas".

En su descargo, Hoffman explicó que había comenzado a trabajar con el equipo de sistemas el 27 de noviembre, tres días antes del mensaje, y que el pedido consistía en borrar programas no permitidos como Instagram, WhatsApp, Facebook y aplicaciones personales de bancos o billeteras virtuales. El juez no aceptó esa lectura: consideró que ella "no da cuenta de por qué esa tarea debía ejecutarse a las 02:07 horas del mismo día de los procedimientos".

Las camionetas y el "borrá todo sí"

Al día siguiente del allanamiento, el 2 de diciembre, aparecieron más mensajes sobre los vehículos del grupo. A las 10:09, Juan Ramón Cervín, señalado como uno de los portavalores que trasladaban y depositaban el efectivo de la empresa, le escribió a su pareja: "ahora estamos yendo a lo de Rolo a esconder las tres camionetas".

Cervín argumentó en su descargo que no tenía acceso a la causa ni motivos para sospechar que estacionar los vehículos en un lugar determinado pudiera ser una maniobra de obstrucción.

La secuencia llegó hasta el 3 de diciembre. Nahiara Gamarra, descripta como secretaria personal de Vallejo, le pidió al encargado de sistemas que se conectara a su computadora y "la limpie bien". Ante la pregunta "¿puedo borrar todo?", respondió: "borrá todo sí".

Gamarra dijo en su descargo que no tenía vinculación con operaciones financieras y negó todas las acusaciones. El juez señaló que no se manifestó sobre ese mensaje en particular.

Prisión domiciliaria y la pista del fútbol

Tras dictar los procesamientos, Rodríguez Ponte le otorgó la prisión domiciliaria a Vallejo. El magistrado también delineó las distintas hipótesis sobre los fondos que se movilizaron a través de Sur Finanzas y anticipó que avanza la investigación.

En cuanto al vínculo con el fútbol, el juez aguarda un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) sobre la contabilidad que conecta a la empresa con clubes a los que sponsoreó o les prestó dinero.