A puro mazazo, la Justicia derribó dos aguantaderos clave de la banda de Fran Riquelme

Operarios contratados por la provincia demolieron este jueves dos construcciones precarias que funcionaban como búnkeres de droga en un asentamiento de la zona noroeste de Rosario. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Microtráfico y avalada por la Justicia.

Según la investigación, los aguantaderos estaban al servicio de la organización que lidera Francisco Riquelme, el capo narco barrial con injerencia criminal en Empalme Graneros y barrio Industrial.

Las edificaciones se levantaban en French al 2000, entre Formosa y las vías del Mitre y el Belgrano, sobre terrenos que décadas atrás pertenecieron al Ferrocarril y que terminaron intrusados. Allí llegaron los operarios y, a puro mazazo, redujeron a escombros los aguantaderos de ladrillo hueco.

Qué dijo la fiscal en el lugar

En el sitio de la demolición, la fiscal Marina Vigo precisó que la causa se inició a partir del homicidio de Rodrigo “Coco” Sosa, ejecutado en diciembre de 2024 en su casa de San Gerónimo y pasaje 703, en el barrio Toba, también conocido como El Piso.

“La investigación abarca tres homicidios y una tentativa de homicidio, además de otros hechos de violencia altamente lesiva vinculados a usurpaciones y amenazas calificadas, con el objetivo de quedarse con viviendas para comercializar estupefacientes al menudeo”, explicó Vigo.

La causa que apunta a la banda de Riquelme

En septiembre, las fiscales Mercedes Banchio y Marina Vigo llevaron a 18 personas a audiencia imputativa por cargos de asociación ilícita, un tipo penal que en este caso englobó homicidios, venta de drogas, amenazas y extorsiones.

El recluso federal Riquelme, preso desde 2020, habría aprovechado los servicios del penalista Martín Fabio Castillo, quien, según la atribución fiscal, “excediendo y abusando” de su labor profesional, utilizaba su rol de abogado para canalizar comunicaciones al exterior mediante la triangulación de llamadas. Es decir: Riquelme podía comunicarse con el penalista por derecho, pero este sumaba otro teléfono a la conversación y así permitía que sus órdenes llegaran al exterior.

El hijo de Fran, Ezequiel “Cabezón” Riquelme, quien apenas cumplió la mayoría de edad, parece haber tomado las riendas del negocio de su padre, de acuerdo con la atribución fiscal.

Los seguimientos de la Policía de Investigaciones (PDI) y luego de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) ubicaron a Ezequiel como heredero de los negocios ilícitos, con un perfil llamativamente alto: apariciones en los paravalanchas de la tribuna canalla junto a miembros de la barra brava y un alquiler temporario en los exclusivos Condominios del Alto, donde fue localizado un mes atrás.

Los puntos de venta y las mujeres de confianza

A la “nueva banda” de Fran le atribuyen el gerenciamiento de búnkeres y la venta en la vía pública de drogas a manos de soldaditos que muchas veces solo “trabajan” por la dosis diaria.

Entre los imputados más cercanos a Fran se encuentran su pareja, Irina Boassi, ya condenada en otra investigación, y Kiara Riquelme, mujeres de confianza del cabecilla ligadas a la contabilidad y el control de los puntos de venta, según la atribución fiscal.

Los investigadores constataron puntos de venta en pasaje 734 al 1200, en el barrio Toba Municipal, lindero a la playa Sorrento; French al 2000, acaso el búnker más emblemático de la organización; Lucio V. López al 2100; Felipe Moré al 600 bis; Rafaela al 6000 y Gerchunoff al 600 bis.

Desde noviembre de 2024 hasta junio de 2026, sin contar los allanamientos solicitados por fiscales, en este sector del noroeste –caracterizado por la presencia de asentamientos erigidos en exterrenos ferroviarios– se contabilizaron 17 aprehensiones en flagrancia de soldaditos con, generalmente, pequeñas dosis para la venta.