Abogado de “Pichón” Segura lanza durísimo ataque contra opositores: “Fueron a burlarse de la gente”
El defensor de “Pichón” Segura acusó a dirigentes opositores de usar un episodio sensible para su beneficio político. ¿Qué dijo exactamente sobre sus intenciones y cómo impacta esto en el ya complejo caso judicial? Los detalles de una audición que dejó más preguntas que respuestas.
El defensor de Marcelo “Pichón” Segura arremetió contra dirigentes políticos tras una audiencia clave. Ernesto Baclini cuestionó con dureza a opositores, asegurando que “fueron a burlarse de la gente”, en referencia a los hechos que originaron la causa judicial. Sus declaraciones agregan un nuevo capítulo de tensión política en torno al caso.
El abogado Ernesto Baclini realizó estas afirmaciones luego de la audiencia celebrada ante el Tribunal de Impugnación de Tucumán. En dicha instancia, se confirmó la prisión preventiva de su defendido, Marcelo “Pichón” Segura, por un plazo de cuatro meses.
¿Una acción con fines políticos?
Baclini fue contundente al analizar la participación de los dirigentes opositores en el episodio bajo investigación. Según su visión, la motivación detrás de su presencia distó de ser altruista. El letrado sostuvo que quienes participaron lo hicieron con el objetivo principal de obtener una imagen política, más que de brindar una ayuda real a las personas afectadas.
Esta crítica hace alusión directa a la supuesta entrega de donaciones que se habría realizado en el lugar por parte de estas figuras políticas. Para la defensa, este acto formó parte de una estrategia de visibilidad.
El estado de la causa judicial
Más allá de la polémica política, Baclini se refirió al estado formal de la investigación. Aclaró que la causa se mantiene en una etapa preliminar. En esta fase, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa se encuentran abocados a la recolección de pruebas y elementos que sustenten sus respectivas posturas.
La resolución judicial, conocida tras la audiencia, determinó mantener la prisión preventiva de Segura por cuatro meses. Este plazo otorga a la justicia un margen para continuar con las diligencias investigativas mientras se evalúan los riesgos procesales.
Finalmente, el defensor no descartó que, a medida que avance el proceso, pueda analizarse alguna salida alternativa prevista en el Código Procesal Penal de la provincia. Sin embargo, aclaró que por el momento el foco está en la etapa de investigación y en rebatir los planteos de la fiscalía.