Abogados presentan hábeas corpus colectivo por una nueva disposición que complica las defensas en las cárceles

Un grupo de abogados penalistas de Rosario presentó un hábeas corpus colectivo al interpretar que se agravaron las condiciones de detención de sus clientes alojados en cárceles santafesinas. El escrito, firmado por 29 profesionales, apunta contra una nueva disposición del Servicio Penitenciario que exige más trámites, registros y autorizaciones previas para que ellos puedan ingresar a los establecimientos penitenciarios para entrevistar a los internos, lo que deriva en presuntas complicaciones para llevar adelante las defensas.

El texto, de catorce páginas, cita la nueva resolución del Servicio Penitenciario, donde se comunicó: “A partir de la presente, los abogados particulares que asistan a realizar entrevistas con sus defendidos a las unidades penitenciarias, previo ingreso al penal, deberán acreditar su designación como defensor técnico del interno dentro de los autos por los cuales se encuentra privado de su libertad, requisito indispensable que dará lugar a la habilitación para su ingreso a la unidad a su cargo. La misma deberá consignarse en los registros pertinentes del interno”.

La disposición agrega que, en caso de ser la primera designación, el profesional deberá acompañar el papel firmado por el familiar del preso que lo contrató, cuestión que posteriormente deberá ser ratificada por el recluso.

“Todas las designaciones deberán quedar registradas en el sistema que la Dirección General de Régimen Correccional determine a sus efectos, quien impartirá las directivas correspondientes a los fines de garantizar el estricto control de esta información antes de cada ingresos, como así también que, al momento del traslado del detenido, se cuente con la información en la nueva unidad de destino”, concluye la resolución.

¿Qué errores conceptuales señalan los abogados?

Los penalistas afirman que la medida tiene “errores conceptuales”, ya que supuestamente el Servicio Penitenciario estaría creando un registro paralelo a la Oficina de Gestión Judicial, que depende del Poder Judicial y es el órgano habilitado para exigir el nombramiento.

“No es posible que el Servicio Penitenciario de Santa Fe se arrogue el poder de control sobre ese particular, no siendo ni el Colegio de Abogados, ni el Tribunal de Ética ni el Poder Judicial”, finaliza el escrito.