Abogados y judiciales, cara a cara en Tierra del Fuego: el cruce que tiene en vilo a los tribunales

La continuidad de las medidas de fuerza en los tribunales de Campamento YPF, en Tierra del Fuego, profundizó la pelea entre los abogados de la matrícula y los gremios judiciales. El conflicto, que nació como un reclamo salarial, derivó en un fuerte cruce público entre el Colegio de Abogados y los sindicatos UEJN y SEJUP, con los tiempos procesales como principal damnificado.

El Superior Tribunal respondió al pedido de aumento con una limitación presupuestaria que considera insalvable. Lejos de destrabar la situación, las medidas de fuerza se mantuvieron y se profundizaron con una reducción de las jornadas laborales, según entienden los gremios, en proporción a lo que consideran una postergación salarial en el sector.

El malestar de los abogados por los atrasos y la acumulación de causas se tradujo en un pronunciamiento del presidente del Colegio de Abogados, Renán Uribe, quien cuestionó las medidas por condicionar el desarrollo normal de los procesos y sus tiempos.

El reclamo que encendió la mecha

Dentro del propio ámbito de los abogados también se cuestiona la falta de descuento salarial a las jornadas de protesta de los empleados. Para ese sector, se trata de una política que el Superior Tribunal de Justicia no aplica para sostener una mínima convivencia laboral, pero que termina afectando el servicio de Justicia.

El reclamo de los abogados, en representación de los intereses de sus clientes, tuvo un fuerte rechazo en un comunicado conjunto de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y SEJUP.

“Nos genera especial alarma es que, a partir de esa consideración, se sugiera al Superior Tribunal de Justicia la utilización de determinadas ‘herramientas’ frente al ejercicio de las medidas de fuerza, mencionándose entre ellas la quita del presentismo o el descuento de los días de paro”, señalaron los gremios.

“Resulta particularmente preocupante que quien ocupa la máxima representación institucional del Colegio Público de Abogados de Río Grande plantee consecuencias económicas sobre las y los trabajadores judiciales por el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga”, agregaron.

La respuesta de los gremios

Los sindicatos sostuvieron que esa posición “contrasta con el diálogo institucional que históricamente hemos procurado mantener” y defendieron el motivo de fondo de las protestas: “Detrás de una medida de fuerza no hay una decisión caprichosa. Hay trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento del servicio de justicia y que, aun contando con años de antigüedad, experiencia y capacitación, perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir adecuadamente sus necesidades básicas ni representan la dignidad salarial que corresponde a la responsabilidad de las funciones que desempeñan”.

“También corresponde recordar que estas mismas organizaciones gremiales han actuado con responsabilidad y comprensión frente a planteos provenientes de los propios Colegios de Abogados”, le recriminaron.

El comunicado cerró con una chicana directa: “¿Estaría dispuesto el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande a que el valor de la unidad con la que se regulan sus honorarios evolucionara únicamente en la misma proporción que el salario de las categorías iniciales del Poder Judicial luego del incremento percibido en agosto?”, se preguntaron.

Por último, aclararon que “los trabajadores judiciales sostienen las guardias mínimas necesarias para garantizar la atención de los asuntos urgentes, compatibilizando de esta manera el legítimo ejercicio del derecho de huelga con la atención de aquellas situaciones que, por su naturaleza, no admiten demora”.