Absuelto en la Justicia pero expulsado para siempre: la doble sanción que le aplicaron a un docente

El Gobierno provincial expulsó de manera definitiva del sistema educativo a un docente que había sido absuelto en sede penal por denuncias de abuso sexual contra alumnas de dos colegios de la Capital. La medida, confirmada por un decreto publicado en el Boletín Oficial, le impide volver a dar clases en cualquier condición.

Se trata de Roque Raúl Moreno Palacio, quien fue separado de su cargo tras un sumario administrativo que consideró acreditados reiterados tocamientos inapropiados a estudiantes. La sanción fue dispuesta mediante el Decreto N° 1.787/5 (MEd), firmado el 4 de agosto y difundido este viernes 28.

Las actuaciones comenzaron a raíz de denuncias presentadas por las autoridades de la Escuela Monseñor Blas Victorio Conrero y de la Escuela Secundaria Juan Luis Nougués, ambas de la Capital. En septiembre de 2024 se ordenó el sumario para determinar si Moreno Palacio había violado los deberes que impone el Estatuto del Docente. Durante ese proceso, el acusado tuvo la posibilidad de hacer su descargo, declarar y ofrecer pruebas.

Qué dijo la Justicia penal

En paralelo, el docente enfrentó una causa penal por abuso sexual agravado por ser cometido por una persona encargada de la educación. Su defensa recurrió una resolución de la Sala IV de la Cámara Penal Conclusional y logró un fallo favorable que terminó en absolución.

Según los fundamentos del decreto, la Justicia lo absolvió porque no se pudo acreditar, con el grado de certeza que exige un proceso penal, que hubiera existido intencionalidad sexual en su conducta.

Por qué el Gobierno igual lo echó

Pero el resultado del sumario fue distinto. La investigación administrativa concluyó, a partir de las denuncias y testimonios del expediente, que “no existe duda sobre la existencia de reiterados tocamientos inapropiados ocurridos en distintos establecimientos escolares”.

Para el Poder Ejecutivo, esas conductas configuraron una “falta administrativa de extrema gravedad”, porque afectaron la integridad de las estudiantes y quebraron la confianza que debe existir en una institución educativa.

El decreto remarca que quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes deben tener un estándar de conducta especialmente alto, por la situación de vulnerabilidad de los alumnos y el deber de protección que recae sobre el Estado.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que “la conclusión alcanzada en sede penal no impide arribar a una solución diversa en el ámbito disciplinario”. La administración provincial explicó que la responsabilidad penal y la administrativa persiguen objetivos diferentes: una determina si existió un delito y corresponde una pena; la otra evalúa el cumplimiento de los deberes de un empleado público.

Por eso, el Ejecutivo consideró que “la ausencia de condena en sede penal no obsta al ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del Estado empleador”.

Con esos argumentos, y tras la intervención de Fiscalía de Estado, el Gobierno confirmó los cargos contra Moreno Palacio y aplicó la máxima sanción que prevé el Estatuto del Docente. La medida fue comunicada a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada.

De esta manera, el docente quedó inhabilitado para volver a ingresar al sistema educativo provincial como titular, interino o suplente.