Abusada por un vecino, la Justicia confirmó el ataque pero la Fiscalía quiere archivar la causa

Una mujer de 45 años con discapacidad cognitiva fue víctima de una brutal agresión sexual en Victorica, La Pampa. A pesar de que las pericias confirmaron el abuso, el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento del acusado por prescripción. La querella, en tanto, rechaza el pedido y exige que la causa continúe. La decisión final quedó en manos del juez de Control Carlos Espínola.

Un caso que expone una contradicción judicial

Ocurrió en la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Victorica. Allí, un caso penal expone una encrucijada legal: la Justicia confirmó que una mujer fue abusada sexualmente, pero la Fiscalía pidió archivar la causa por prescripción. La víctima, que hoy tiene 45 años y padece un retraso madurativo, recién pudo contarle lo sucedido a su madre muchos años después del ataque.

La denuncia se presentó el 18 de marzo de 2024 en sede policial. Sin embargo, el 7 de abril de ese mismo año, la causa se archivó por primera vez, argumentando el tiempo transcurrido y una posible prescripción. Pero la querella, representada por el abogado Mariano Gualpa, logró que el juez Espínola ordenara la reapertura el 11 de julio. Poco después, el 7 de agosto, el acusado prestó declaración.

La Cámara Gesell y la imputación

El magistrado ordenó una Cámara Gesell, en la que la víctima brindó detalles escalofriantes de la agresión. El resultado fue contundente: el 18 de febrero de 2025, el juez formalizó la imputación contra el acusado por “abuso sexual agravado por acceso carnal en contexto de violencia de género”.

Según consta en el expediente, el hecho ocurrió en el patio trasero de una vivienda ubicada en calle 30 entre 13 y 15 de Victorica. Allí, el imputado habría llevado a la víctima “a la rastra” hasta un baño, la tiró al piso y abusó sexualmente de ella.

El pedido de prescripción de la Fiscalía

Horas atrás, el fiscal sustituto Nicolás Rojo Mateos presentó un escrito ante el juez Espínola solicitando el “sobreseimiento total y definitivo” del imputado, argumentando que la acción penal está extinguida por prescripción. El fiscal sostuvo que la denuncia se realizó cuando la pena ya había prescripto: “Al menos, el 12 de diciembre de 2023 la causa estaba extinguida”, afirmó.

Rojo Mateos aclaró que su pedido no implica desconocer la gravedad del episodio ni cuestionar la credibilidad de la víctima. “La declaración de prescripción tampoco importa afirmar que el hecho no ocurrió. Significa únicamente reconocer que, por aplicación de las reglas de orden público fijadas por el legislador, el Estado ya no se encuentra habilitado para juzgar ni imponer una pena”, explicó.

La dura respuesta de la querella

El abogado Mariano Gualpa, en representación de la víctima, solicitó al juez que rechace el planteo fiscal y ordene la prosecución de la causa. Gualpa argumenta que la prescripción no puede aplicarse en este caso debido a la discapacidad cognitiva de la víctima, lo que la equipara a un menor de edad en términos de imposibilidad de denunciar.

“Clausurar el proceso penal sancionando la incapacidad de la víctima para precisar fechas exactas o denunciar tempranamente constituye un acto de discriminación institucional prohibido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, sostuvo el letrado. Además, citó las 37 Reglas de Brasilia y la Convención de Belém do Pará sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.

La causa se encuentra en pleno desarrollo y la decisión sobre la prescripción quedó en manos del juez Carlos Espínola, quien deberá resolver si el caso llega a juicio o se archiva definitivamente.