Abusó de su hija durante 14 años y ahora la Justicia revisa su condena: sigue libre

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca le subió la apuesta a un hombre condenado por abusar de su propia hija y ahora la causa vuelve a foja cero en una instancia superior. El penado apeló la sentencia de cinco años de prisión efectiva y el expediente desembarcó en la Sala Doble Conforme, que deberá revisar el fallo. Mientras tanto, y hasta que la resolución quede firme, sigue en libertad.

El caso tiene un dato que estremece: los abusos se extendieron a lo largo de 14 años. La víctima era una nena de ocho años cuando comenzaron los ultrajes, según reconstruyó el expediente.

El juicio y la primera pena

En julio de 2025, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, el acusado enfrentó un juicio por jurados por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización continuado calificado por el vínculo y el daño en la salud mental de la víctima”.

El jurado, integrado por 12 vecinos, deliberó durante casi cuatro horas y, por unanimidad, lo declaró culpable por un delito menor: “abuso sexual simple agravado por el vínculo y continuado”.

En la audiencia de cesura, el juez director fijó tres años de prisión en suspenso, con reglas de conducta y una capacitación obligatoria en perspectiva de género. La Fiscalía y la querella salieron a pelear esa pena.

La Fiscalía pidió cárcel efectiva

El Ministerio Público Fiscal y la querella presentaron recursos de casación. La Sala Penal, con los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño, aceptó el planteo de la Fiscalía y rechazó el de la querella, que también reclamaba una condena mayor.

En la audiencia de expresión de agravios, el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín enumeró los agravantes: la situación que vivió la víctima, la falta de remordimiento del acusado, la ausencia de reconocimiento del daño y la barbarie de ofender a su propia hija. Para el fiscal, la pena no podía quedar en suspenso porque “deja a una víctima sin justicia y a un delincuente sin castigo”.

Mauvecín también remarcó la extensión del daño y el peligro causado, consecuencias materiales del delito que deben medirse como el resultado doloso de quien debía procurar una relación parental de afecto y respeto. Las circunstancias, dijo, evidenciaron “la perversidad e insensibilidad de la capacidad delictiva del acusado”.

“La relación de confianza y cercanía constituye un agravante, no solo por la traición que significa, sino por la mayor indefensión de la víctima frente al ataque de una persona que aprovecha esa situación para cometer un delito”, sostuvo el fiscal.

Qué resolvió la Sala Penal

Al revocar la pena en suspenso y fijar cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, el tribunal no solo corrigió un monto. Dejó sentado un criterio sobre cómo deben medir la pena los jueces cuando el hecho es violencia de género contra una niña.

El ministro Hernán Martel redactó los fundamentos y sus pares Rosales Andreotti y Saldaño adhirieron. El fallo puso el acento en la doble vulnerabilidad de la víctima, niña y mujer.

“El hecho por el cual el acusado fue declarado penalmente responsable constituye una manifestación de violencia cometida contra una víctima doblemente protegida, por su condición de mujer y por ser menor de edad. La violencia ejercida contra la mujer constituye una forma de violación a los derechos humanos y una manifestación de discriminación prohibida por los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional. La víctima reviste la condición de niña y de mujer, lo que la sitúa en un escenario de doble vulnerabilidad”, señaló el fallo.

Los ministros advirtieron que los hechos se desarrollaron de manera continuada durante 14 años, lo que evidencia un sometimiento sostenido y una persistencia del dominio del agresor sobre la víctima. “Tal prolongación temporal del abuso revela un mayor grado de reprochabilidad del accionar del condenado, en tanto denota una voluntad de sometimiento estable y un aprovechamiento sistemático de la situación de vulnerabilidad de la víctima”, indicaron.

El estándar internacional que pesó en la decisión

La Sala Penal recordó que todo hecho de violencia contra la mujer debe considerarse a la luz de las obligaciones que asumió el Estado argentino, bajo riesgo de responsabilidad internacional, y que no hace falta que la cuestión de género esté introducida en la causa para aplicarla.

En ese marco, citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció que las medidas especiales de protección se basan en la mayor vulnerabilidad de este grupo, determinada por factores como la edad, las condiciones particulares de cada persona y el grado de madurez y desarrollo.

“En el caso de las niñas su vulnerabilidad se ha enmarcado en factores de discriminación histórica que han contribuido a que mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en el ámbito familiar. En definitiva, lo que se viene a decir es que se trata de dos categorías (género y edad) que concurren y aumentan el grado de vulnerabilidad de la víctima. Considerar en este momento de imposición de la pena la relación desigual y de superioridad, que se genera entre una mujer y un varón en el caso concreto, no implica una doble valoración sino una mirada precisa en cuanto a la naturaleza de la acción. Esta circunstancia se explica como la concreción de esa desigualdad estructural que nos obliga a mirar el mandato de valorar los casos con perspectiva de género. Y, consecuentemente, aumentan la intensidad de la naturaleza de la acción con relación al mínimo legal establecido y permiten elevar la pena en consecuencia”, sostuvo el tribunal.

Cómo se construyó la escala de la pena

Los ministros partieron del mínimo legal, tres años, y desde allí subieron y bajaron según agravantes y atenuantes.

Como único atenuante computaron la falta de antecedentes. Descartaron los lazos afectivos que invocó el acusado y su conducta durante el proceso, porque cumplir con las obligaciones procesales no suma a su favor. También aclararon que la falta de arrepentimiento no puede perjudicarlo, porque nadie está obligado a confesar.

Entre los agravantes valorados figuran el contexto de violencia de género y la doble vulnerabilidad de la víctima; la marcada diferencia de edad con ella; el tiempo, modo y lugar de los hechos, unos 14 años en el hogar familiar; el daño causado, acreditado en el juicio; la calidad de los motivos, definidos como “su exclusiva y egoísta satisfacción personal aprovechando el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima”; las condiciones personales del acusado, cuya formación y trayectoria laboral los ministros no consideraron neutras; y su actitud durante el juicio, que según el fallo continuó revictimizando a su hija.

Qué pasa ahora

El nuevo recurso de casación del condenado quedó en manos de la Sala Doble Conforme, que integran los ministros Jorge Rafael Bracamonte, Fabiana Edith Gómez y José Cáceres. Ellos tendrán la última palabra sobre la sentencia.

Hasta que esa resolución quede firme, el hombre condenado por abusar de su hija continúa en libertad.