Abusó de una colega en la comisaría de Sarmiento: la pena que dictó la Justicia y el pedido que quedó en el aire

La Justicia penal condenó a Carlos Gustavo Perrota, un policía de 50 años, por el delito de abuso sexual simple en contexto de violencia de género cometido contra una compañera de trabajo. El juez Alejandro Rosales le impuso un año de prisión en suspenso y una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante los próximos dos años.

El fallo se conoció este martes y reavivó el debate sobre las garantías de protección dentro de las propias fuerzas de seguridad, donde las denuncias entre pares suelen quedar encapsuladas.

Qué pasó en la comisaría de Sarmiento

Según el expediente judicial, el episodio ocurrió el 12 de abril de 2025 en el sector de la cuadra de la comisaría de Sarmiento, ubicada en la intersección de las avenidas San Martín e Ingeniero Coronel, en Chubut.

La víctima, una agente policial que cumplía funciones en la fuerza, compartía el ámbito laboral con otros compañeros cuando Perrota desplegó conductas que vulneraron su integridad sexual y laboral. La investigación estuvo a cargo de la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi.

Las reglas que deberá cumplir el condenado

Al tratarse de una pena de ejecución condicional, el magistrado estableció pautas estrictas de cumplimiento obligatorio. Entre ellas:

Prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier vía: presencial, digital, redes sociales o a través de terceros.

Perímetro de exclusión: no podrá acercarse a menos de 100 metros del domicilio de la damnificada, su lugar de trabajo, espacios de esparcimiento o cualquier zona que transite. La violación de esta manda activará de manera automática una causa por desobediencia (artículo 239 del Código Penal).

Control institucional: deberá notificar cualquier cambio de domicilio al tribunal y al Ministerio Público Fiscal, y presentarse cada cuatro meses ante el Cuerpo de Delegados de Control local.

Abstinencias y tratamiento: tiene prohibido consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. Además, el Cuerpo Interdisciplinario Forense coordinará un tratamiento psicoterapéutico y deberá aprobar un curso de capacitación con perspectiva de género.

El pedido de inhabilitación perpetua que no prosperó

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la inhabilitación perpetua de Perrota para ejercer cargos públicos dentro de la fuerza. El juez Rosales rechazó ese planteo al sostener que, al momento del ataque en abril de 2025, el efectivo no se encontraba prestando servicios formales en la comisaría de Sarmiento.

Para el magistrado, esa particularidad temporal impidió encuadrar el caso dentro de las agravantes invocadas por la fiscalía, lo que dejó abierta la discusión sobre los mecanismos administrativos internos para sancionar este tipo de conductas graves entre pares.

La querella anticipó que evaluará los alcances del fallo. El caso marca un precedente en la región patagónica respecto al juzgamiento de delitos de género en ámbitos institucionales cerrados y visibiliza la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres dentro de las estructuras de seguridad del Estado.