Abuso del niño termeño: la defensa de la madre apuntó contra dos jueces y espera una definición clave
La defensa de la madre del niño termeño recusó a dos jueces y puso sobre la mesa las demoras en el traslado del menor. Lo que ahora falta definir puede cambiar el rumbo del expediente.
La causa que investiga el presunto abuso sexual de un niño en Las Termas de Río Hondo registró un nuevo movimiento procesal. La abogada Natali Montero, defensora de la madre, presentó una recusación contra los jueces Diego Vittar y Silvio Salice y puso en duda su objetividad para seguir interviniendo en el expediente.
El planteo no se limita a la actuación de los magistrados. La presentación también incluye cuestionamientos por las demoras que, según la postura de la defensa, se registraron en el traslado del niño desde Buenos Aires hacia Santiago del Estero, una situación que habría incidido en el desarrollo de la causa.
Qué argumenta la defensa
De acuerdo con lo que explicó la letrada, uno de los ejes centrales del escrito es la presunta falta de objetividad en el accionar de los dos jueces. Ese cuestionamiento deberá ser analizado por otra autoridad judicial antes de que se resuelva si los magistrados quedan apartados del caso.
Con la recusación ya presentada, la defensa aguarda que se defina quién será el encargado de revisar el planteo contra Vittar y Salice.
“Estamos a la espera del sorteo para la designación de un juez ad hoc”, explicó Montero sobre el estado del trámite.
Qué sigue en la causa
La intervención de un juez ad hoc será la que permita evaluar los cuestionamientos formulados por la defensa y determinar si corresponde apartar a los magistrados recusados. Hasta entonces, el expediente continúa bajo investigación.
La presentación constituye un nuevo capítulo dentro de un proceso en el que persisten diferencias entre las partes sobre distintas medidas adoptadas durante el procedimiento.
Los cuestionamientos sobre la objetividad de los jueces y las demoras señaladas forman parte de los argumentos de la defensa y deberán ser evaluados por la autoridad judicial competente.