Aceptó la condena por el cabezazo a un diputado: lo que dijo en la audiencia virtual

Marcelo “Pichón” Segura aceptó una pena de tres años de ejecución condicional por el cabezazo que le dio al diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza. Ahora, el juez Raúl Robín Márquez deberá resolver si homologa o rechaza el acuerdo de juicio abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

Durante una audiencia virtual realizada este viernes, Segura manifestó su conformidad con la pena acordada. “Estoy de acuerdo con la pena. Es mi voluntad. Y reconozco el hecho”, expresó desde su domicilio, donde cumple arresto domiciliario.

La decisión del magistrado se conocería entre el martes y el miércoles de la próxima semana. Si el acuerdo es homologado, Segura podrá recuperar la libertad, aunque deberá cumplir la condena condicional y una serie de reglas de conducta.

¿Qué dijo la querella?

La querella, representada por Juan Colombres Garmendia, rechazó la salida alternativa, aunque su posición no es vinculante. El diputado Pelli también manifestó su malestar durante la audiencia. “Me queda la sensación de que Segura tuvo más garantías que yo en este proceso, y un mejor trato, inclusive”, sostuvo.

El hecho ocurrió el 11 de marzo, cerca de las 18.30, en La Madrid. Pelli había llegado a la localidad junto a una comitiva de dirigentes libertarios para entregar donaciones a personas damnificadas por las tormentas.

En ese contexto, el diputado recibió un cabezazo de parte de Segura. La agresión fue registrada en video y se viralizó poco después.

Como consecuencia del golpe, Pelli sufrió fracturas y debió ser sometido a una cirugía. Además, tiene prevista una segunda intervención quirúrgica para el próximo mes.

Segura fue imputado por lesiones graves agravadas por alevosía. Al comienzo de la causa estuvo alojado en la cárcel de Benjamín Paz, pero luego recibió arresto domiciliario por razones de salud, ya que padece hipertensión y diabetes.

Los detalles del acuerdo

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi, de la Unidad Fiscal de Homicidios que conduce Miguel Ángel Varela, leyó los términos del acuerdo alcanzado con la defensa, a cargo de Ernesto Baaclini.

La representante del MPF sostuvo que el juicio abreviado no se basa únicamente en la admisión del acusado, sino también en las evidencias recolectadas durante la investigación, entre ellas testimonios, informes médicos y el video del hecho.

El Ministerio Público Fiscal también tuvo en cuenta que Segura no registra antecedentes penales computables. En su historial figura una causa de 1996 por tenencia de arma de guerra, con último movimiento en 1998 y actualmente archivada.

El acuerdo contempla tres años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta. Entre ellas, la prohibición de acercamiento y contacto con Pelli en un radio de 300 metros; fijar y mantener residencia en su domicilio actual; abstenerse de concurrir a lugares donde pueda tomar contacto con la víctima; no consumir estupefacientes ni bebidas alcohólicas; no portar armas de fuego; y someterse a tratamiento psicológico para controlar la ira.

Ante una consulta del juez, Segura confirmó que su abogado le había explicado los alcances del acuerdo. “Estoy de acuerdo”, reiteró.

La defensa sostuvo la procedencia del juicio abreviado y aclaró que la causa de los años 90 ya habría prescripto, por lo que no correspondería considerarla en este trámite.

Las críticas de la víctima

La querella cuestionó distintos aspectos del proceso. Colombres Garmendia señaló, entre otros puntos, que Pelli no fue sometido a una junta médica para determinar con precisión el daño provocado por la agresión. También objetó el arresto domiciliario concedido a Segura y sostuvo que se otorgó “con un simple certificado médico”.

Pelli, por su parte, cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal y afirmó que sólo durante la primera semana posterior al hecho se sintió representado como víctima. “Se me denegaron todos los pedidos que hice estos meses”, expresó.

El juez Robín Márquez informó que se tomará un plazo de 48 horas para dictar sentencia. Con esa decisión, la causa por el cabezazo al diputado nacional podría quedar resuelta la próxima semana.