Acueducto Gate: el fiscal que quiere el juicio en San Juan apuntó contra el argumento de la defensa

El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, salió a marcar la cancha en la pulseada por la competencia de la causa Acueducto Gran Tulum y calificó de “absolutamente insostenible” el intento de correr la investigación hacia la Justicia Federal.

Para el funcionario, el expediente tiene que seguir en los tribunales sanjuaninos por una razón simple: los hechos ocurrieron en la provincia y los perjudicados serían los propios sanjuaninos.

“Los damnificados son los sanjuaninos, no hay ninguna razón para trasladarlo”, disparó Baigorrí. Eso sí: aclaró que el análisis fino del expediente corresponde a los fiscales que tienen la causa en sus manos y que su rol es acompañar el trabajo del Ministerio Público con una posición unificada.

El argumento que no le cierra

El eje de la discusión es si el origen de los fondos alcanza para mover el caso de fuero. La defensa de Sergio Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), sostiene que la obra se financió con dinero nacional y que por eso debería intervenir la Justicia Federal.

Baigorrí no compró ese razonamiento. Recordó que la mayoría de los recursos que administran las provincias llega por coparticipación desde Nación y que, con esa lógica, cualquier causa terminaría en Comodoro Py.

“Todos los dineros que manejan las provincias en un 80% por coparticipación vienen de Nación, entonces que ese sea el argumento es insostenible”, sostuvo.

Y fue más allá: “No creo que eso sea posible, debería resolverse en San Juan porque el delito se sucede en San Juan, afecta a los sanjuaninos”.

El fiscal general también mencionó antecedentes judiciales recientes que, según su lectura, respaldan que la causa siga en la órbita provincial. Aunque puso un límite a su propia opinión: la decisión final sobre la competencia la tomarán los jueces, no él.

“A mi criterio no prosperará ese pedido, pero es una decisión que toman los jueces”, afirmó.

Qué dice la Justicia Federal

El planteo de la defensa de Ruiz ya llegó a los tribunales porteños. El juez Daniel Rafecas, de Comodoro Py, pidió información sobre la investigación para evaluar si le corresponde intervenir en el caso.

Del otro lado, el Ministerio Público provincial insiste en que la pesquisa debe quedar en San Juan. El argumento central es que lo que se investiga son presuntas irregularidades en la compra y colocación de los caños del acueducto, una obra que se financió con un crédito que tomó la Provincia.

La audiencia que falta y las ausencias que molestaron

Mientras se dirime la competencia, la causa tiene nueva fecha: la audiencia de formalización se hará el martes 10 de noviembre de 2026, a las 14:30, en la Sala de Audiencias N.º 9 del Palacio de Tribunales, en Rivadavia 473 Este, ciudad de San Juan.

La primera convocatoria había sido el miércoles 14 de octubre, pero la jueza de Garantías Mónica Lucero fijó una nueva fecha porque faltaron dos de los once investigados: el exgobernador y senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.

Sus abogados argumentaron compromisos laborales en el Congreso de la Nación. La magistrada, igual, dispuso una nueva citación para que todos comparezcan.

Consultado por esas ausencias, Baigorrí fue tajante: consideró que ambos deberían presentarse. “No hay ninguna razón para no hacerlo”, afirmó. También recordó que existe la posibilidad de declarar por videoconferencia, aunque la jueza entendió que correspondía otra modalidad para la audiencia.

De qué se trata la causa

El expediente por el Acueducto Gran Tulum arrancó en diciembre de 2025 con una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, después de que se publicaran notas periodísticas sobre posibles anomalías en la contratación y ejecución de la obra.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales y busca establecer si hubo irregularidades en distintos aspectos del proyecto, entre ellos las condiciones de los materiales usados y la posible existencia de sobreprecios.

En septiembre se hicieron allanamientos en oficinas de Krah América Latina, una de las proveedoras de cañerías, donde se secuestraron documentación y computadoras para analizar.

Entre los once investigados hay exfuncionarios provinciales, antiguos directivos de OSSE y un representante de la empresa proveedora. La situación procesal de cada uno se definirá en el marco de las actuaciones.

Por ahora, la investigación sigue en etapa preliminar y la condición de investigado no implica, por sí sola, que exista una imputación formal. Con la audiencia de noviembre y la discusión por la competencia todavía abierta, el expediente tiene dos frentes: avanzar en la formalización de los señalados y definir si el proceso se queda definitivamente en la Justicia sanjuanina.