Acueducto Gran Tulum: la audiencia clave arranca con un imputado que no confirmó su presencia

La formalización de la investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum está programada para este martes 10 de noviembre a las 14:30 en la Sala de Audiencias N.º 9 de Tribunales, pero la ausencia de al menos uno de los once imputados podría derivar en una nueva suspensión, tal como ocurrió en la convocatoria anterior.

La jueza de Garantías Mónica Lucero tiene previsto recibir a los once vinculados a la causa para que la fiscalía les comunique formalmente los hechos investigados, los posibles delitos y la participación que les atribuye. Sin embargo, hasta el momento no está confirmada la concurrencia de todos los citados.

Para la magistrada, la comparecencia física de todos los implicados resulta relevante en el momento en que el Ministerio Público dé a conocer los detalles de la pesquisa, incluso si la inasistencia está justificada. Esa postura ya quedó expuesta el 14 de octubre, cuando la audiencia debió reprogramarse.

El antecedente que complica la nueva citación

En aquella primera oportunidad, el senador nacional Sergio Uñac y el diputado Cristian Andino no se presentaron y argumentaron compromisos parlamentarios. Lucero aceptó la explicación de uno de ellos, pero remarcó que por razones procesales y jurídicas considera necesaria la presencia en Tribunales.

De los once notificados, nueve habían asistido a esa instancia: los expresidentes de OSSE Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz; los exfuncionarios Francisco Javier Correa, Juan Carlos Caparrós, Humberto Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez y Rolando Vicente Caruso; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; y Gustavo Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A.

La fiscalía, a cargo de Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, notificó a los once investigados en septiembre de 2026. Entre ellos figuran el exgobernador y actual senador Uñac, el diputado Andino, exautoridades de OSSE, exfuncionarios provinciales y representantes de la empresa Krah, proveedora de las cañerías.

La pulseada por la competencia con la Justicia Federal

Mientras se aguarda la audiencia, sigue abierta la disputa por el fuero que debe llevar la causa. La defensa de Sergio Ruiz, expresidente de OSSE, pidió que la investigación pase a la Justicia Federal con el argumento de que una parte sustancial del financiamiento de la obra provino de recursos nacionales, por lo que las presuntas irregularidades también podrían haber afectado fondos de esa jurisdicción.

El planteo llegó al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de Daniel Rafecas, quien solicitó información a los fiscales sanjuaninos. Gómez respondió que no podía brindar precisiones sobre los hechos antes de la formalización porque hacerlo podría comprometer el desarrollo de la investigación y las garantías de los involucrados, aunque describió que la pesquisa apunta a determinar si funcionarios y particulares habrían participado en maniobras defraudatorias vinculadas con la adquisición de tuberías de polietileno de alta densidad.

La presión desde Comodoro Py no se detuvo. El 6 de noviembre, el Juzgado Correccional y Criminal N.º 1 le pidió a Lucero que certifique «a la mayor brevedad posible» el objeto procesal y el estado actual del expediente. La reiteración se suma al pedido que ya había formulado el juzgado de María Romilda Servini, subrogado por Rafecas.

En paralelo, el 27 de octubre, abogados de los investigados presentaron una denuncia en Comodoro Py contra los fiscales Gómez y Pizarro, lo que profundizó el conflicto entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal.

De la investigación periodística al expediente judicial

La causa no nació en los tribunales. Se originó a partir de una serie de publicaciones periodísticas de Tiempo de San Juan que pusieron bajo la lupa la contratación de las cañerías, la adjudicación a Krah América Latina y los vínculos empresariales alrededor de la obra.

Entre los datos revelados se destacó la relación de Gustavo Monti, primo del exgobernador Uñac, con la firma alemana: una factura emitida por su empresa a Krah por una comisión y un documento de marzo de 2016 que acreditó que había actuado como apoderado de la compañía ante OSSE. También se expusieron antecedentes sobre las licitaciones, las advertencias de una empresa competidora respecto de las tuberías y las modificaciones económicas de los contratos.

Esas publicaciones fueron tomadas como sustento por el abogado Marcelo Arancibia, quien el 9 de diciembre de 2025 presentó la primera denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. A partir de allí se sumaron allanamientos, informes técnicos, documentación administrativa y la intervención de la Fiscalía de Estado como querellante.

A más de un año del inicio de la pesquisa, la obra que debía garantizar el abastecimiento de agua potable para el Gran San Juan sigue paralizada y la Justicia aún debe determinar si existieron maniobras delictivas en su contratación y ejecución.